La jueza Julieta Makintach, que integraba el tribunal que llevaba adelante el juicio por la muerte del futbolista Diego Maradona, sufrió un nuevo revés luego de que el jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires pidió que se le entable el juicio político, proceso que podría derivar en su destitución.

El caso de la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de San Isidro ha sacudido los cimientos del Poder Judicial bonaerense, luego de que la Suprema Corte de Justicia bonaerense la suspendise por 90 días.

Ahora, el Procurador General de la Provincia, Julio Conte Grand, solicitó formalmente el juicio político, que podría culminar en su destitución por mal desempeño. Es el cuarto pedido de jury contra la magistrada por el escándalo suscitado por la filmación de un documental a escondidas.

Makintach, hija de un juez prestigioso y figura conocida en el ámbito judicial de San Isidro, no solo permitió grabaciones no autorizadas de las audiencias, sino que tuvo un rol protagónico en el documental que se estaba filmando. Este acto, que vulneró la transparencia del proceso y la confianza pública, ha sido calificado como un atropello ético.

Lejos de asumir su responsabilidad, la jueza afirmó inicialmente desconocer la presencia de las cámaras, una excusa que se derrumbó ante las pruebas obtenidas por los fiscales de San Isidro y las grabaciones enviadas a la Corte.

El Colegio de Abogados local, junto con legisladores y otras entidades, ha sumado al menos seis pedidos de destitución, denunciando un “accionar impropio y negligente” que avergüenza al sistema judicial.

La conducta de Makintach no solo puso en jaque un proceso de alto perfil, sino que también expuso una alarmante falta de juicio en una magistrada que debería ser garante de la ley. Su aparente intento de capitalizar la tragedia de Maradona para un proyecto personal refleja una ambición desmedida que traiciona los principios del derecho.

Fuentes cercanas a la magistrada aseguraron que la todavía jueza, “devastada” por la presión, evalúa renunciar para evitar el juicio político, aunque admiten que esta salida no la eximiría de enfrentar posibles cargos penales por tráfico de influencias, ya que perdería sus fueros judiciales. [El Teclado]