La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires adelanta que recurrirá la decisión judicial de otorgar el beneficio de arresto domiciliario a Omar Edgardo Di Napoli, quien está siendo juzgado por delitos de lesa humanidad en Zárate Campana, debate que se encuentra suspendido por el aislamiento social preventivo en el marco de la pandemia del coronavirus.

Di Napoli, de 70 años, fue beneficiado el viernes 3 de abril con la detención domiciliaria por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N°2 de San Martín que lo juzga junto a Jorge Bernardo y Santiago Omar Riveros en el expediente conocido como “Causa Di Nápoli”, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Arsenal Naval de Zárate, el buque patrullero ARA Murature -anclado al frente- y en Campana, durante la última dictadura cívico-militar.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia es querellante en la causa y adelanta que recurrirá esa decisión –por mayoría- del Tribunal.
 

El decisorio contempla que la detención se cumpla en la casa de su hijo, que es un médico de la localidad de Zárate. Ese domicilio está apenas a cuadras de la vivienda de una de las víctimas del juicio, por lo que la Subsecretaría la está asistiendo con el Programa de acompañamiento.

El beneficio fue otorgado de forma automática por alcanzar el requisito de edad por los jueces Daniel Alberto Cisneros y Eduardo G. Farah -Walter Antonio Venditti votó en disidencia-. En la decisión, no se dio tratamiento a la excepcional situación que nos plantea como sociedad el covid-19 como habían pedido los defensores de Di Nápoli, sino que simplemente se ordena la prisión domiciliaria por el hecho de que el imputado acreditó haber cumplido 70 años.

El decisorio contempla que la detención se cumpla en la casa de su hijo, que es un médico de la localidad de Zárate. Ese domicilio está apenas a cuadras de la vivienda de una de las víctimas del juicio, por lo que la Subsecretaría la está asistiendo con el Programa de acompañamiento.

La aplicación automática del instituto de la prisión domiciliaria por la mera acreditación del natalicio contradice los tratados internacionales de los que Argentina es firmante, que obligan al Estado a investigar, juzgar y condenar debidamente los delitos de lesa humanidad.
 

¿Dónde están los cientos de bebés nacidos en cautiverio? A 44 años del #24DeMarzo de 1976, la pregunta sigue vigente. Muchas #Abuelas, como Clara Jurado, partieron sin abrazar a su nieto. Hoy levantamos nuestros #PañuelosConMemoria y gritamos #30MilDetenidosDesaparecidosPresentes pic.twitter.com/rpYvW33uMY

— Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) March 24, 2020

En el alegato del 4 de febrero pasado las abogadas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Valeria Monetta y Yanina Michelena, solicitaron para Di Nápoli una pena de 25 años de prisión y que cesen las prisiones domiciliarias con que están beneficiados los otros dos acusados.

[LA CAUSA DI NÁPOLI]

El debate por la causa Di Nápoli comenzó en agosto de 2019 ante el TOF2 por los crímenes cometidos en el Arsenal Naval de Zárate, el buque patrullero ARA Murature -anclado al frente- y en Campana, durante la última dictadura cívico-militar, y tiene por objeto privaciones ilegítimas de la libertad, torturas, abusos sexuales y violaciones, que por primera vez están siendo juzgados en ese circuito represivo.

Las víctimas por las cuales se exige justicia son: José Ali; Lidia Esther Biscarte, Eva Raquel Orifici de Marciano, Teresa Di Martino (desaparecida), Marta Velazco (desaparecida), Hugo Morini (desaparecido), Raúl Alberto Marciano, Francisco Jose Bugatto (fallecido), Luis Alberto Messa, Alberto Raul Calvo (fallecido), Blanca Nelly Leonor Buda, Juan Evaristo Puthod, Luis Federico Bosnasco, Jose Maria Iglesias Fernandez, Hector Eduardo Parra Pizarro, Julio Cesar Camejo, Stella Maris Marinich, Marta Elena Endrizzi, Abel Alberto Ippolitti.
 

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La causa “Di Nápoli” se inicia como un desprendimiento de la causa 2748, conocida como causa “Buitrago”, que tramitaron durante el año 2013 ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de San Martín. Omar Edgardo Di Napoli, el acusados que le da el nombre al expediente, era el médico encargado de auscultar a las víctimas en el barco Ara Murature para determinar si podían continuar siendo torturadas o no.

Otro imputado es Jorge Bernardo quien se desempeñaba como sub jefe del Arsenal Naval de Zarate y hoy cumple prisión domiciliaria en Flora 394 de la localidad de Haedo. Santiago Omar Riveros es el tercer acusado y se desempeñaba como Jefe del Comando de Institutos Militares entre los años 1976-1978 y Jefe de la Zona de Defensa IV. También cumple prisión domiciliaria.

En los alegatos, la Subsecretaría también solicitó que en caso que la sentencia resulte condenatoria se exonere y dé de baja a a los condenados, así como se les suspenda el retiro, pensión o Jubilación, y que se informe al Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires para que tome medidas con Omar Edgardo Di Napoli.

También pidieron la revocación de las prisiones domiciliarias otorgadas a Santiago Omar Riveros y a Jorge Bernardo para que cumplan su condena en una Unidad del Servicio Penitenciario FederaL. [El Teclado]