Según el artículo 24 de la ley 23.298, las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y los magistrados no pueden estar afiliados de ningún partido político. Por infringir esa ley, los efectivos corren el riesgo de ser desafectados y eso fue lo que le pasó a un policía de la Metropolitana, quien hace pocos días fue despedido y realizó un descargo a través de un grupo de WhatsApp donde había otros miembros de la fuerza.

Al hombre lo habían afiliado sin su consentimiento, falsificando su firma y en lo que la ley describe como “falsificación de instrumento público”.  Comenzó a correr el rumor, muchos consultaron el padrón y vieron que sus nombres figuraban en las planillas de distintos partidos: la Unión Cívica Radical (UCR), el Partido Justicialista (PJ) y Polo Social, extinguido hace años. 

Entre el miércoles y el viernes, 400 efectivos de toda la provincia, federales, metropolitanos y gendarmes se acercaron al Tribunal Federal con competencia electoral ubicado en 8 y 50 de la capital provincial, para efectivizar su desafiliación a riesgo de ser despedidos. Solo uno de ellos estaba afiliado al Pro. Y la gran mayoría se habían “anotado” hace muchos años, más de una década.

Así, con cada denuncia realizada, el juzgado de Juan Manuel Culotta deberá informar a los apoderados de cada partido para que eleven la queja a las comisiones directivas. Según pudo saber El Teclado, Asuntos Internos ya está interviniendo y se espera que las denuncias por afiliaciones ilegales crezcan exponencialmente.

Fueron pocos los agentes que se animaron a hablar con la prensa, pero algunos denunciaron que el gobierno estaría buscando “purgar” las fuerzas aprovechándose de esta situación. Queda claro que nunca se conoció la irregularidad - porque a los partidos políticos así les convino. [ET]