La titular del Juzgado Federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó el procesamiento sin prisión preventiva de los primeros cuatro militares imputados por torturar a los soldados bajo sus órdenes durante la guerra de Malvinas. La causa judicial se inició en 2007, tiene 120 denuncias y 95 imputados; además de los ahora procesados, otros 20 miembros de las Fuerzas Armadas fueron llamados a declaración indagatoria.

En su resolución, la jueza federal Borruto sostiene que los imputados impusieron tormentos a los soldados pertenecientes al Regimiento de Infantería Nº 5 del Ejército Argentino para “castigar de manera cruenta y desmedida las presuntas infracciones disciplinarias”. Entre las torturas citadas en el expediente se habla de estaqueos y enterramientos bajo temperaturas extremas y suelo congelado durante varias horas, amenazas con arma de fuego, sumersión de la cabeza en agua helada, entre otras.
 

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Los ahora procesados Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini habían prestado declaración indagatoria en diciembre pasado y todos negaron los crímenes que se le imputan e, incluso, pretendieron deslegitimar el testimonio de las víctimas. A pesar de la estrategia de defensa de los represores, al momento de evaluar la prueba, la jueza destacó la consistencia y veracidad de las declaraciones de las víctimas.

En su decisión, la titular del Juzgado Federal de Río Grande descartó planteos sobre la prescripción de los delitos y configuró los hechos que se investigan como crímenes de lesa humanidad, tal como están tipificados en convenciones y normas del derecho internacional y en el ordenamiento jurídico nacional. En este punto, la resolución es inédita y tiene un importante precedente porque viene justamente a rebatir el antecedente negativo de la causa Taranto en 2015; en ese momento, sin explayarse sobre la cuestión de fondo, la Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso que pretendía revocar la prescipción de estos delitos dictada por la Cámara Federal de Casación Penal.

La jueza Borruto también remarcó que, tras la finalización de la guerra de Malvinas, la Jefatura de las Fuerzas Armadas desplegó acciones de inteligencia y de operación psicológica para evitar que las denuncias de los soldados se conozcan y procurar así la impunidad de los oficiales y suboficiales que cometieron estos delitos.
 

Cabe destacar la infatigable lucha del centro de ex combatiente de La Plata (CECIM) que impulsó desde el primer momento esta causa; desde hace años, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también se presentó como querellante para acompañar ese reclamo histórico.

Después de 13 años de iniciada la causa, y a pesar de las múltiples estrategias dilatorias por parte de la defensa de los represores, el procesamiento de Gardé, Affranchino, Gassino y Calderani es un avance importante para condenar definitivamente estos crímenes y reparar a las víctimas que vienen reclamando justicia desde hace tanto tiempo.

En este sentido, cabe destacar la infatigable lucha del centro de ex combatiente de La Plata (CECIM) que impulsó desde el primer momento esta causa; desde hace años, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) también se presentó como querellante para acompañar ese reclamo histórico.

Tras conocerse estos procesamientos, la CPM considera necesario tomar con la mayor celeridad todas las medidas necesarias para avanzar con el resto las declaraciones indagatorias; además de Gardé, Affranchino, Gassino y Calderani, desde mediados del año pasado otros 20 militares están llamados a prestar declaración como imputados por torturas a soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas. [El Teclado]