El senador provincial de La Libertad Avanza, Luciano Olivera, presentó un proyecto de ley que busca endurecer las restricciones contra los deudores alimentarios morosos que aspiren a cargos electivos o judiciales en la provincia de Buenos Aires. 

La iniciativa va más allá de la actual Ley 15.520 impulsada por el gobernador Axel Kicillof y apunta a cerrar las puertas a cualquier tipo de “normalización” posterior a la elección.

Según el texto presentado por el legislador oriundo de Malvinas Argentinas, la norma vigente permite que un candidato inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) regularice su situación una vez que ya fue electo, lo que Olivera considera una “debilidad institucional” que genera impunidad.

“Convencidos de que debemos propender a una exigencia mayor para el cumplimiento de las obligaciones básicas y legales, proponemos que el requisito del certificado sea desde el primer momento en que se pretenda acceder a un cargo”, sostuvo el senador mileísta.

Cambios centrales del proyecto

La propuesta modifica de manera integral varias normas provinciales, entre ellas la ley de partidos políticos, la ley electoral, la de primarias abiertas y la propia ley que regula el Registro de Deudores.

Entre los principales puntos se destacan:

• Los partidos, alianzas y agrupaciones municipales deberán presentar el Certificado de Libre Deuda Alimentaria al momento de oficializar las listas, tanto en las PASO como en las elecciones generales.

• La Junta Electoral podrá intimar por única vez a la fuerza política para que regularice la situación o reemplace al candidato en un plazo de 24 o 48 horas. De no cumplirse, la lista completa quedará fuera del proceso electoral.

• La exigencia se extiende también a quienes aspiren a cargos judiciales ante el Consejo de la Magistratura.

• Quienes resulten electos deberán mantener actualizada su situación alimentaria durante todo el ejercicio del cargo, con controles periódicos al menos dos veces al año.

• “La obligación alimentaria es uno de los deberes jurídicos más elementales y primarios del ordenamiento civil”, enfatizó Olivera en los fundamentos del proyecto.

El legislador libertario argumenta que es necesario “terminar con los privilegios de la dirigencia política y judicial” y exigir a quienes integran el sistema institucional “los mismos requisitos que rigen para cualquier ciudadano”.

Además, busca impedir definitivamente que un deudor acceda a una función pública en infracción a la ley y luego subsane su incumplimiento, una práctica que considera inadmisible.

La iniciativa toma como referencia la Ley 629 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ya aplica mecanismos similares e incluso más estrictos en el control de deudores alimentarios.

“Uno de los pilares para reconstruir la confianza en las instituciones consiste en terminar con la lógica de impunidad y privilegios”, concluyó Olivera.

El proyecto ingresa en un debate que ya viene ganando fuerza en distintos distritos del país, donde crece el consenso social y político para aplicar mayores sanciones a quienes incumplen con la manutención de sus hijos. [El Teclado]