La diputada nacional Marcela Pagano formalizó una denuncia penal ante los tribunales de Comodoro Py dirigida contra el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el secretario de Comunicación Javier Lanari y el jefe de la Casa Militar, general Sebastián Ignacio Ibáñez, tras el bloqueo sistemático a la prensa en la sede de Gobierno.

El conflicto escaló cuando el Ejecutivo decidió inhabilitar las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados, impidiéndoles físicamente el acceso a la histórica sala de prensa. Esta medida se fundamentó en una denuncia previa de la Casa Militar por presunto "espionaje ilegal", centrada en el uso de lentes inteligentes por parte de integrantes del programa "¿Y Mañana Qué?" de la señal TN para registrar imágenes de los pasillos internos.

Pagano, quien fue electa por La Libertad Avanza pero hoy se encuentra distanciada del espacio, fue categórica al señalar que la Casa Rosada no es propiedad privada y que el accionar de los funcionarios busca silenciar cualquier voz disidente, comparando este atropello con los periodos más oscuros de la historia argentina y advirtiendo que ningún mandatario puede disponer de un edificio público de manera arbitraria.

CONFLICTO POR LA LIBERTAD DE PRENSA Y SEGURIDAD NACIONAL

En paralelo a la acción judicial, los trabajadores de prensa acreditados emitieron un comunicado conjunto denunciando que la Secretaría de Comunicación y Medios actuó de manera discrecional, sin notificación previa ni una justificación oficial que respalde el impedimento de realizar sus tareas. Los periodistas sostienen que esta decisión constituye una avanzada explícita contra el derecho de acceso a la información y el ejercicio de la profesión, exigiendo el cese inmediato de los hostigamientos.

Mientras tanto, desde el Gobierno nacional insisten en que la inhabilitación de los accesos es una medida estrictamente preventiva para "garantizar la seguridad nacional" ante el uso de tecnología de grabación no autorizada en sectores sensibles del palacio.

Ahora, la justicia federal de Comodoro Py deberá determinar si la respuesta oficial ante el incidente de los lentes inteligentes fue proporcional o si, como plantea la denuncia de Pagano, se trata de una violación de los deberes de funcionario público y un ataque directo a la libertad de expresión en el país.