Bajo la consigna de frenar lo que consideran un "desmantelamiento" del sistema de atención, miles de personas se manifestaron este miércoles frente al Ministerio de Salud y en las principales plazas del país contra el proyecto de ley que busca modificar el régimen de pensiones y el financiamiento de las prestaciones básicas.

EL EJE DEL CONFLICTO: EL PROYECTO DE LEY OFICIAL

La movilización fue motivada por el reciente envío al Congreso de una iniciativa denominada preliminarmente como ley contra el fraude de pensiones por invalidez. Según denuncian las organizaciones del sector, el proyecto establece:

Reempadronamiento obligatorio: Todos los beneficiarios actuales deberán acreditar nuevamente su condición médica y situación socioeconómica bajo criterios más rígidos. Plazos de caducidad: Se prevé la suspensión automática de los beneficios para quienes no cumplan con la actualización documental en los tiempos previstos, lo que el sector describe como una "motosierra administrativa". Criterio de "carencia": Organizaciones denuncian que se intenta reinstalar una lógica donde solo la pobreza extrema, y no la discapacidad en sí misma, justifica la asistencia estatal.

Más allá del debate legislativo, la protesta visibilizó una situación operativa crítica. Según reportes de medios nacionales, existe una deuda acumulada con prestadores que abarca el último trimestre de 2025 y el primer tramo de 2026.

Instituciones y hogares de día advirtieron que la falta de pagos por parte del programa federal Incluir Salud ha llevado a muchos centros al borde del cierre, dejando a miles de personas sin terapias, transporte ni alimentación. "Quieren aplicar la lógica de mercado a un sector donde la oferta y la demanda no existen; la discapacidad es un derecho, no una mercancía", señalaron referentes durante el acto central.

RECLAMOS EN TODO EL PAÍS

La jornada tuvo un carácter federal. Mientras en la Ciudad de Buenos Aires la concentración se centró frente a la cartera de Salud en la Avenida 9 de Julio, en el interior las manifestaciones se replicaron con fuerza:

Córdoba: En la capital provincial y ciudades como Alta Gracia, los prestadores realizaron paros y asambleas denunciando que los aranceles actuales no cubren los costos operativos mínimos de transporte y atención. Santa Fe y Mendoza: Se registraron marchas frente a las sedes locales de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se denunciaron demoras en la entrega de insumos básicos como medicamentos y pañales.

POSICIÓN OFICIAL Y CONTEXTO POLÍTICO

Desde el Gobierno nacional defienden la medida argumentando la necesidad de alcanzar el "equilibrio fiscal" y eliminar presuntas irregularidades en el otorgamiento de pensiones durante gestiones anteriores. Sin embargo, el conflicto se agrava tras el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad que el Congreso había ratificado previamente.

La movilización contó con el apoyo de diversos sectores de la oposición y figuras de la cultura, quienes coincidieron en que las auditorías no pueden ser utilizadas como un mecanismo para suspender derechos de un colectivo históricamente vulnerado. Al cierre de la jornada, los manifestantes advirtieron que, de no haber una convocatoria al diálogo o una marcha atrás con los puntos más polémicos del proyecto, profundizarán las medidas de fuerza.