El plan oficial: privatización y "eficiencia"

La estrategia del Ejecutivo se enmarca en la política de reducción del gasto público y la desestatización de activos considerados prescindibles. Según fuentes oficiales, el objetivo es entregar el complejo a una concesión privada por un plazo de 30 años. El argumento central reside en que el Estado no debe gestionar hotelería y que los costos de mantenimiento actuales son insostenibles frente al déficit fiscal.

La AABE sostiene que la ocupación actual de los pabellones es "precaria" y que la presencia de los trabajadores obstaculiza los plazos legales para la licitación que se pretende lanzar en el corto plazo.

Batalla legal y el rol de ATE

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la respuesta fue inmediata. Se han presentado recursos de amparo ante la justicia federal para frenar el desalojo, alegando los siguientes puntos:

• Falta de orden judicial: Los gremios denuncian que la intimación es administrativa y que no existe una sentencia firme de un juez que habilite el uso de la fuerza pública.
• Derecho a la vivienda: Muchos de estos empleados no poseen otra propiedad y su permanencia en el complejo fue parte de acuerdos laborales históricos para garantizar la operatividad de los hoteles 24/7.
• Patrimonio histórico: Existe una preocupación real sobre el destino del mobiliario y la arquitectura del predio, declarado Monumento Histórico Nacional, ante una posible gestión privada que priorice la rentabilidad sobre la conservación.

El fin de un emblema del turismo social

Chapadmalal, inaugurado en la década del 50, ha sido el destino histórico de miles de estudiantes, jubilados y familias de bajos recursos. El vaciamiento de los pabellones de mantenimiento es visto por los sectores opositores como el "tiro de gracia" al concepto de turismo social. Los trabajadores advierten que, sin personal de mantenimiento viviendo en el lugar, las instalaciones quedarán expuestas al vandalismo y al deterioro acelerado, lo que paradójicamente bajaría el valor del activo antes de ser concesionado.

Si cumplido el plazo de diez días los trabajadores no abandonan el predio, el Gobierno ha adelantado que solicitará el auxilio de las fuerzas de seguridad federales. El desenlace de esta situación marcará un precedente sobre el futuro de la Unidad Turística Embalse en Córdoba, que atraviesa un proceso de reestructuración similar.