Un clima de tensión y preocupación se vive en la comunidad educativa de Hurlingham tras conocerse los detalles de una investigación judicial por amenazas de tiroteos. Lo que comenzó como una supuesta broma en redes sociales derivó en un operativo policial en una vivienda de William Morris, donde las autoridades secuestraron una escopeta y dispositivos electrónicos.

La investigación, encabezada por la UFI Nº 2 de Morón, logró rastrear el origen de los mensajes intimidatorios hasta el teléfono de un menor de 12 años. Según se informó oficialmente, el niño habría actuado motivado por un "challenge" o reto viral que incita a los jóvenes a difundir amenazas de masacres en sus establecimientos escolares para generar impacto en las plataformas digitales.

Ante las autoridades judiciales, el menor pidió perdón y aseguró que se trataba de una broma. Sin embargo, el hallazgo de un arma de fuego en el domicilio donde reside el niño elevó la gravedad del caso, poniendo el foco en la responsabilidad de los adultos y la falta de supervisión sobre el acceso a armamento y el uso de la tecnología por parte de menores.

La postura de la gestión local

El intendente Damián Selci fue categórico respecto al incidente. A través de canales oficiales, el municipio recordó que las amenazas en escuelas no son un juego, sino un delito tipificado por el Código Penal. "Tenemos la responsabilidad de hablar con nuestros chicos y chicas sobre los peligros que circulan en redes sociales disfrazados de videos virales", sentenció el jefe comunal.

AMENAZAS EN ESCUELAS: LAS ACCIONES TIENEN CONSECUENCIAS

El pasado sábado, desde el municipio, emitimos un comunicado advirtiendo que las amenazas en las escuelas no son una broma, son un delito tipificado por el Código Penal.
En el marco de las investigaciones pertinentes, esta… pic.twitter.com/BI5xSHM6zK

— Damián Selci (@DamianSelci) April 20, 2026

Desde la administración municipal enfatizaron que la prioridad absoluta es resguardar a las escuelas como espacios de aprendizaje y paz. El caso sigue su curso legal bajo la supervisión de la justicia de responsabilidad penal juvenil, mientras se evalúan medidas de contención para los estudiantes y docentes afectados por la situación.

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Este episodio reabre el debate sobre la seguridad ciudadana y el rol de las familias en la educación digital. Las autoridades locales instaron a la comunidad a denunciar cualquier comportamiento sospechoso y a no participar de la difusión de estos "retos", que solo buscan sembrar el pánico en las instituciones públicas.