El diputado provincial de Fuerza Patria, Ricardo Lissalde, presentó un proyecto con el objetivo de erradicar el nepotismo en los tres poderes del Estado de la provincia de Buenos Aires. 

La iniciativa busca establecer un esquema normativo que prohíba la designación de familiares en cargos públicos con restricciones precisas y sanciones en caso de incumplimiento.

El texto define como eje central la prohibición de nombrar familiares de funcionarios dentro de un amplio rango de parentesco, que incluye cónyuge, conviviente y parientes en línea recta, colateral o por afinidad hasta el tercer grado inclusive. 

El proyecto también alcanza a funcionarios con jerarquías similares o superiores a director, jefe o asesor, lo que amplía el alcance de la norma dentro de la estructura estatal.

La propuesta del legislador massista incorpora además una restricción específica sobre las designaciones recíprocas entre reparticiones estatales, un mecanismo que suele utilizarse para eludir controles formales. De esta manera, la presentación de Lissalde apunta a cerrar posibles circuitos de intercambio de cargos entre dependencias públicas que impliquen vínculos familiares indirectos.

Bajo esa premisa, el articulado contempla excepciones acotadas, ya que excluye de la prohibición a los cargos políticos y a las contrataciones transitorias. Sin embargo, en estos casos establece que las designaciones deberán finalizar junto con el mandato del funcionario que las dispuso, lo que introduce un límite temporal para evitar la permanencia de esos vínculos dentro del Estado.

En paralelo, el proyecto fija criterios para determinar cuándo no se configura “nepotismo”, al considerar situaciones previas o procesos de selección que garantizan transparencia. En ese sentido, la iniciativa exceptúa a quienes ya se desempeñaban en la función pública antes de la asunción del funcionario, a quienes accedieron por concurso público de oposición y antecedentes, o a quienes llegaron a sus cargos a través de elecciones.

Eln el texto también se mencional una regulación sobre relaciones jerárquicas dentro del Estado, al impedir que un funcionario supervise de manera directa a una persona con la que mantenga un vínculo familiar cercano. Frente a esa situación, la autoridad competente deberá disponer los traslados necesarios, sin afectar la categoría del agente involucrado.

En el caso de aquellos funcionarios que incumplan la norma, la iniciativa prevé que los responsables podrían enfrentar consecuencias administrativas, civiles o incluso penales según corresponda. Para estos casos, el Ejecutivo provincial contará con facultades para impulsar sumarios o realizar denuncias cuando detecte infracciones.

En los fundamentos del proyecto, el saladillense define al nepotismo como una “forma de abuso de poder” que afecta la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público. 

El legislador de la Séptima sección sostuvo que esta lógica, no solo desplaza criterios de mérito e idoneidad, sino que también impacta en el funcionamiento de la administración pública. [El Teclado]