El reclamo se centra en dos puntos críticos: el impacto del aumento de los combustibles en el bolsillo de los ciudadanos y el financiamiento de la infraestructura vial.

Katopodis denunció que el Gobierno Nacional está incumpliendo con la distribución de los recursos recaudados mediante el impuesto a los combustibles. Según el funcionario:

• Por ley, un tercio de lo recaudado en cada carga de nafta debe destinarse a obras viales.
• Se estima que la administración nacional ha retenido aproximadamente 120 mil millones de pesos durante el año 2025 que correspondían a provincias y municipios.
• El ministro exige que el precio de los combustibles se retrotraiga a los valores del 1 de marzo.

Impacto en la infraestructura y seguridad vial

La parálisis de la obra pública financiada por Nación ha generado un deterioro visible en las rutas. Entre las preocupaciones principales se encuentran:

• Ruta Nacional 5: Se ha reportado una nueva paralización en las tareas de la autovía, afectando la conectividad regional.
• Falta de mantenimiento: El abandono de las tareas de bacheo y señalización en rutas nacionales pone en riesgo la seguridad vial de miles de usuarios.
• Exclusión de Aubasa: La Provincia ha denunciado "arbitrariedad y desviación de poder" tras cambios en las licitaciones de corredores viales nacionales, los cuales impidieron la competencia de la empresa estatal bonaerense.

Tensión por las tasas municipales

La protesta también funciona como respuesta a los cuestionamientos de Luis Caputo sobre las tasas municipales aplicadas a la venta de combustibles. Los intendentes, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), defienden estas tasas como una herramienta necesaria para compensar el recorte de fondos nacionales y el aumento de la demanda social en los distritos.