A través de la Resolución Conjunta N° 1 entre el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires y el Instituto de la Vivienda, publicada hoy en el Boletín Oficial, la Provincia aprobó un nuevo Régimen de Recupero de la Inversión en Vivienda, que redefine cómo se calculan y actualizan las cuotas que pagan las familias adjudicatarias de viviendas sociales construidas o financiadas por el Estado provincial. 

Según establece la medida, se trata del mecanismo mediante el cual las familias que reciben una vivienda social pagan cuotas accesibles para devolver parte del financiamiento que el Estado destinó a la construcción de esos hogares, con el objetivo de garantizar la continuidad de los programas de vivienda, ya que permiten reinvertir el dinero en nuevos proyectos destinados a otras familias que aún no accedieron a una casa propia.

En los considerandos, se explica que la Resolución se crea luego de haber realizado un análisis que “evidencian la existencia de distorsiones y disparidades significativas en los valores de las cuotas que deben abonar las personas adjudicatarias de distintos proyectos habitacionales, con diferentes plazos de entrega, afectando no solo la razonabilidad del sistema de recupero, sino también la capacidad real de pago y el principio de igualdad que debe regir la relación del Estado provincial con los diversos grupos familiares adjudicatarios, con las excepciones necesarias para garantizar a todas las personas el derecho de acceso justo al hábitat”.

Y agrega que “la situación descripta impone la necesidad de adoptar medidas correctivas que reestablezcan la equidad y la sustentabilidad del sistema de recupero, como así también la implementación de una nueva metodología de actualización que preserve la relación entre la asistencia financiera aportada por el Estado, el recupero de los fondos públicos, la capacidad de pago de los grupos familiares beneficiarios y la aplicación efectiva de los principios de igualdad y solidaridad, asegurando así el acceso justo y razonable a la vivienda.

El nuevo esquema busca corregir las desigualdades generadas por ese sistema y garantizar que los programas habitacionales sean financieramente sostenibles en el tiempo. [El Teclado]