Con la participación de universidades, profesionales, empresarios, sindicatos y organizaciones sociales, el Observatorio de Obras y Servicios Públicos dio inicio al proceso participativo para la elaboración del anteproyecto de una nueva Ley de Obra Pública de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se realizó en el marco del Grupo de Trabajo de Simplificación, Normalización y Mejora de los Procesos, y reunió a diversos actores de la sociedad civil, en un espacio de trabajo multisectorial que busca actualizar una normativa vigente desde 1959.

El objetivo, se informó, es construir colectivamente un marco legal moderno, eficiente y transparente que promueva el valor público de la inversión, mejore la trazabilidad de los procesos y consolide una contratación pública estratégica, orientada por principios de integridad, sostenibilidad e innovación.

Durante la jornada, el subsecretario Técnico, Administrativo y Legal del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Guillermo Sauro, presentó los lineamientos generales del proceso de revisión, elaborados a partir un diagnóstico construido en base a estándares internacionales y buenas prácticas planteadas por la Metodología para la Evaluación de los Sistemas de Contratación Pública (MAPS). La exposición abordó las brechas normativas actuales y propuso un enfoque integral para superarlas.

Las instituciones participantes compartieron propuestas y experiencias sobre temas clave como la digitalización del proceso de contratación, la planificación de largo plazo, la resolución alternativa de controversias y la incorporación de criterios ambientales, sociales y económicos en la gestión de la Obra Pública. También se destacó el valor del enfoque participativo como condición necesaria para construir una norma robusta, flexible y con capacidad de adaptación a futuros desafíos.

En representación de la delegación bonaerense de la Cámara Argentina de la Construcción, Fernando Marchione subrayó la importancia de pensar una ley con visión estratégica y perspectiva de futuro, y remarcó la centralidad del enfoque ciudadano. “No hay que perder de vista al usuario final. Es quien disfruta, hace uso y necesita la obra pública”, aseguró.

En tanto, Miriam Ivanega, del Observatorio de Contratación Pública de la Universidad Austral, propuso una mirada sistémica de la obra pública, que contemple los distintos planos de la gestión. “Es necesario que lo técnico, lo económico y lo jurídico estén articulados”, sostuvo, y remarcó la importancia de fortalecer las herramientas de integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Uno de los ejes presentes durante el encuentro fue la incorporación de criterios de sostenibilidad en la nueva ley. En ese sentido, Fabián de la Fuente, de la Universidad Nacional de San Martín, planteó “La ley debe actualizarse incluyendo la sostenibilidad, el cambio climático y la gestión ambiental como parte del desempeño técnico de los proyectos”.

Además, se propusieron lineamientos concretos para fortalecer el sistema de contratación pública, como la incorporación de una figura clara de “valor por dinero”, la unificación normativa dispersa, el establecimiento de métodos alternativos de resolución de conflictos y la promoción de la participación de pymes y contratistas locales. [El Teclado]