*Por Daniel Kiper

El 16 de junio de 1955, a las 12.40 del mediodía, una escuadrilla de aviones de la Marina de Guerra bombardeó Plaza de Mayo con el propósito explícito de asesinar al presidente constitucional Juan Domingo Perón. Era un jueves laborable. En la plaza había empleados públicos, transeúntes, colectivos y automóviles en tránsito. El saldo fue trágico: más de 300 muertos y más de 700 heridos. Dos meses más tarde, el gobierno fue derrocado por un golpe militar. Comenzaba una etapa de proscripción política y persecución sostenida contra el peronismo que se extendería durante casi dos décadas.

Desde 1955 hasta 1973, el peronismo estuvo formalmente proscripto. El Decreto-ley 3855/55 disolvió el Partido Peronista. El Decreto-Ley 4161/56 prohibió toda representación, símbolo, imagen o alusión vinculada al movimiento. Mencionar a Perón o a Eva era delito. Se prohibieron canciones, se confiscaron libros, se censuraron obras teatrales, se destruyeron placas y bustos. Cientos de sindicatos fueron intervenidos. Miles de personas fueron cesanteadas o detenidas por razones ideológicas.

Durante ese período surgió lo que la historiografía denomina la Resistencia Peronista: un movimiento social y político disperso, integrado por obreros, estudiantes, sacerdotes, militantes de base, delegados gremiales y cuadros militares. En su interior convivieron diversas corrientes, desde el nacionalismo popular hasta la izquierda revolucionaria. En todas ellas predominó un lenguaje simbólico común y una identificación inquebrantable con los liderazgos de Perón y Eva. La clandestinidad operó como aglutinante. Más allá de las diferencias, hubo cohesión.

En nombre de la libertad, la autodenominada “Revolución Libertadora” –“Fusiladora” para otros– desplegó un dispositivo de censura y represión que, incluso en el contexto de una Argentina violenta, parece extraído de una pesadilla.

Uno de sus hechos más infames fue el secuestro del cuerpo sin vida de Eva Perón. La noche del 22 de noviembre de 1955, el cadáver fue retirado de la sede de la CGT por el teniente coronel Carlos Moori Koenig y el mayor Eduardo Arandía, ambos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Fue ocultado durante más de una década. En 1957, se lo trasladó a Italia y fue enterrado en el Cementerio Mayor de Milán bajo el nombre falso de María Maggi de Magistris. Su ubicación e identidad fue el secreto mejor guardado de nuestra historia.

Lejos de silenciar el mito de Evita, esa profanación lo potenció. Fue una herida abierta que Montoneros usó para justificar, entre otras, el secuestro y asesinato del general Aramburu en 1970. El cuerpo de Eva no fue restituido hasta 1971, cuando el presidente Alejandro Agustín Lanusse, en el marco del fallido “Gran Acuerdo Nacional”, ordenó su devolución a Perón, exiliado en Puerta de Hierro, Madrid.

El 9 de junio de 1956, bajo el gobierno de facto de Aramburu, un grupo de militares liderados por el general Juan José Valle intentó restaurar el orden constitucional. La represión fue inmediata. Valle fue fusilado públicamente. Diecisiete militares sublevados corrieron la misma suerte. Y dieciocho civiles, detenidos sin juicio previo, fueron ejecutados en forma clandestina en los basurales de José León Suárez. El hecho se conoció gracias a un sobreviviente, Juan Carlos Livraga, y fue documentado por Rodolfo Walsh en su obra Operación Masacre, una pieza clave del periodismo narrativo y de denuncia en América Latina.

En 1962, el dirigente gremial Andrés Framini ganó la gobernación de la provincia de Buenos Aires con el 59,5% de los votos, encabezando una fórmula que incluía al peronismo bajo el sello de Unión Popular. La elección fue anulada por su filiación política: Framini era Peronista. El presidente Arturo Frondizi cedió ante las presiones militares, intervino la provincia, ejecutó el plan CONINTES y disolvió el Congreso. Pese a sus concesiones, fue derrocado poco después.

John William Cooke, abogado y ex diputado peronista, fue designado delegado personal de Perón en el país. Desde 1956 articuló los primeros núcleos de resistencia orgánica. En sus escritos, definió al peronismo como “la única expresión revolucionaria de masas de la Argentina”. La proscripción, escribió, “transformó al movimiento de partido de gobierno en mito popular”.

El “Peronismo sin Perón” impulsado por Augusto Vandor fracasó mucho antes de su asesinato, el 30 de junio de 1969, mientras el presidente Juan Carlos Onganía recibía a Nelson Rockefeller y el país vivía la resaca del Cordobazo, el gran levantamiento obrero y estudiantil contra el modelo económico y político imperante.

En 1959, el modelo desarrollista de Frondizi colapsó. El ingeniero Álvaro Alsogaray, designado ministro de Economía, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y aplicó un severo plan de ajuste. Entonces, como ahora, el dólar alcanzó su valor más bajo (138 pesos) y la disminución de la actividad económica contrajo la base tributaria, por lo que el déficit estatal no se redujo, sino que aumentó. Entonces no fue posible pagar las cuentas ni los salarios del sector público, que el ministro de Economía determinó abonar con títulos del “empréstito patriótico forzoso 9 de Julio” presentado como un instrumento de ahorro patriótico. Con el tiempo, muchos lo vivieron como una estafa: los títulos perdieron valor y los pequeños ahorristas nunca recuperaron su inversión. La frase “hay que pasar el invierno” se volvió un emblema de resignación nacional.

El movimiento obrero respondió con una ola de huelgas. El conflicto metalúrgico paralizó la industria durante semanas. El gobierno pactó con Vandor a través de Rubens San Sebastián: un aumento salarial a cambio de pérdidas de derechos laborales y aumento de la productividad. Se habló de pagos confidenciales. Nada que la “Banelco” o el senador Kueider hayan inventado.

Hoy, 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”. La pena: seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La acusación sostenía que, durante su mandato como presidenta (2007–2015), Cristina habría encabezado una asociación ilícita para direccionar obras públicas en favor del empresario Lázaro Báez. Sin embargo, durante el juicio no se presentaron pruebas directas que vincularan a la ex mandataria con pagos indebidos, enriquecimiento personal, cuentas bancarias ocultas o instrucciones administrativas concretas. La principal prueba utilizada fue el hecho –cierto, pero insuficiente– de que Cristina era la jefa de Estado.

El tribunal fundó la condena en un principio vedado en derecho penal: la responsabilidad objetiva. Pero en esta materia, la responsabilidad es siempre subjetiva: se responde por el propio hacer, no por el cargo ocupado. Las pericias favorables a la defensa fueron ignoradas por el fiscal primero, por los jueces después.

Numerosos juristas nacionales e internacionales han advertido que el proceso presentó rasgos de lawfare, es decir, el uso del aparato judicial con fines de proscripción política. Consideran la sentencia inconstitucional e infundada.

La historia no se repite de forma idéntica, pero tiene ritmos. La proscripción no destruyó al peronismo: lo fortaleció. El secuestro del cuerpo de Eva no borró su figura: la convirtió en símbolo. La anulación de la elección de Framini no apagó al peronismo: evidenció los límites de una democracia en muletas.-

Cristina Fernández de Kirchner, presa y condenada, sin posibilidad de ser candidata, se incorpora al linaje de los proscriptos. Una sentencia sin pruebas materiales suficientes no clausura una trayectoria política: la proyecta. La prisión no apagará su voz: la convertirá en bandera.

*Abogado