La presidenta de Redi Red, Gabriela Troiano, dijo que trasladar el INADI al ministerio de Justicia es una forma de "invisibilizarlo" y va en contra de los tratados internacionales sobre derechos.

En declaraciones a La Mecha, por Radio Provincia AM1270, manifestó que la determinación “es un acto de violencia institucional muy grave”. La presidenta de Redi Red por los derechos de las personas con discapacidad indicó que “estamos preocupados porque el INADI se creó en 1995 bajo la Ley 24.515” y, en ese marco, consideró que “el hecho de que vengan gobiernos que pretendan dejar de hacer funcionar leyes que se votaron en el Congreso nacional es antidemocrático y violento".

Gabriela Troiano explicó que "dentro de las denuncias que se realizan por discriminación, la mayor causa es por motivos de discapacidad, en un 22,6% de los casos”. Además, precisó que "todas las causas iniciadas quedan ahí y no sabemos qué va a pasar".

El Ministerio de Justicia no puede reemplazar al #INADI porque tiene funciones diferentes. El Ministerio de Justicia a través de la Secretaria de Derechos Humanos puede promover determinadas políticas públicas en materia antidiscriminatoria.https://t.co/8GP6GD0dTK@inadi pic.twitter.com/Hg8Tr0JVJJ

— María José Lubertino (@Lubertino) February 23, 2024

La especialista dijo que “nada de lo que hemos escuchado nos aporta tranquilidad”, al tiempo que denunció que “si los empleados se quieren manifestar se los trata de disuadir por la fuerza" pese a que “el INADI es el organismo nacional que más personas con discapacidad tiene contratadas”. Luego, agregó que "el gobierno trata de amedrentar y acusa de inoperantes a los empleados, pero hay gente muy capacitada allí dentro".

Para la entrevistada, el gobierno tiene "un total desconocimiento de sus funciones y de cómo tienen que hacer las cosas. No puede cerrar el INADI porque su creación es por Ley, y solo podrán hacerlo si derogan la ley”. En tanto, resaltó que “si quieren vaciarlo van a ir en contra de todos los tratados internacionales sobre derechos de las personas con discapacidad porque es el colectivo más afectado" con esta decisión.

En relación a la posibilidad de trasladar el organismo a la cartera de Justicia expresó que "antes de existir el INADI, ya existía el Ministerio, por lo que si se evaluó la existencia de un organismo que identifique la discriminación es por la necesidad”, por cuanto “la justicia está a tope con las causas y con cada una demora años. Es una forma de decir, 'van a tener algo', pero quieren cerrar el organismo, así sacan el ámbito natural que tenía la sociedad para ir a reclamar y lo invisivilizan".

EL CIERRE