De acuerdo a la auditoría interna impulsada por el intendente Julio Alak, la actual gestión constató que el 36 por ciento del total de los agentes no registra actividad.

En este proceso, notaron además que hay un 20 por ciento de la planta con carpeta médica, por lo que determinaron que se va a realizar una nueva auditoría en profundidad con la intervención de una empresa tercerizada. 

Sumadas estas dos categorías, la cifra abarca un 56 por ciento del total de la planta de agentes; es decir que uno de cada dos personas que cobran de la Municipalidad no asiste a trabajar.

Frente a este contexto, los equipos técnicos del Municipio -en articulación con la UTN- comenzaron a implementar el sistema biométrico que permite fiscalizar el ingreso de los trabajadores a través del escaneo de la huella digital y, de ese modo, garantizar el cumplimiento de las tareas específicas en cada dependencia.

En este contexto, durante la primera jornada hubo un ausentismo superior al 60%, ya que en la delegación de Los Hornos se registraron 144 empleados sobre un total de 456, en Villa Elvira 154 sobre 340, en Altos de San Lorenzo 86 sobre 224 y en San Carlos 78 sobre 142; es decir que sobre 1.162 empleados que debían registrar su ingreso, solo lo hicieron 462.

Cifras similares se constataron el viernes en otras cuatro localidades, donde el ausentismo rondó el 50%. Según se detalló, en Ringuelet se presentaron 52 agentes sobre un total de 104, en Tolosa fueron 106 los asistentes sobre 218, en Gorina hubo 39 presentes sobre 58 empleados, mientras que en Hernández asistieron 44 personas sobre 71.

Cabe destacar que esta auditoría interna plantea como objetivo reconstruir la administración municipal para convertirla en un instrumento ordenado, eficiente y transparente al servicio de los 777.000 vecinos que viven en la ciudad.

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Asimismo, se determinó que incluso recibían su remuneración personas que están detenidas en la actualidad cumpliendo condenas por participar en severas causas penales.

Entre las mismas se encuentran homicidios agravados y en ocasión de robo; promoción y facilitación de la prostitución de niños y niñas; robo calificado por uso de armas de fuego; e incendios y estragos, entre otras.

Del mismo modo, se comprobó que hubo exfuncionarios que cobraron durante varios años, aún con la vigencia del decreto del cese de funciones.

“La investigación interna determinó numerosas irregularidades administrativas. En la misma se expone que había personas que cobraban sueldo y no trabajaban; como también agentes que cobraban sueldo sin tener legajo de personal, es decir que no habían cumplimentado los requisitos mínimos para su designación y sin embargo eran asalariados”, reza el documento. 

Entre las anomalías se pudo constatar la liquidación de sueldos sin el legajo correspondiente, una persona fallecida a la que se le pagaba sueldo y un total de 13 personas detenidas por delitos graves en cárceles y alcaldías a las que se les seguía pagando la remuneración como si cumplieran servicios. 

También se registraron cerca de un centenar de agentes municipales con condenas penales como homicidios dolosos, portación de armas de guerra o abuso sexual con acceso carnal a los que no se les requirió en el ingreso los certificados de reincidencia e informe policial como exige la normativa vigente. 

Además, se constataron 240 personas domiciliadas en otras ciudades, tales como Bahía Blanca, Rawson o incluso algunas patagónicas como Bariloche que no asistían a trabajar.

Los equipos técnicos pudieron identificar, a su vez, dos personas que se anoticiaron de tener un contrato municipal cuando fueron a hacer trámites en otros organismos. Actualmente se están investigando esas contrataciones, que fueron en septiembre de 2023. 

Estas situaciones se dieron en el marco de un aumento de las designaciones que crecieron desmesuradamente en los años electorales. Esto representa una clara violación a la Ley de Responsabilidad Fiscal 13.295 y a la normativa provincial que regula el Empleo Público.