El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, condenó al ex Jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros y a otros nueve imputados a la pena de prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos contra más de 350 víctimas en el juicio denominado Megacausa “Campo de Mayo”.

Otros ocho represores fueron condenados a altas penas que alcanzaron hasta 22 años de cárcel. Un acusado fue condenado a 4 años. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires fue querellante en este proceso oral y público que se inició hace más de tres años.

En su fallo, el Tribunal ordenó la reparación histórica de todos los legajos laborales y/o estudiantiles en los casos que fuera pertinente y fijó para el 15 de septiembre de este año la fecha para hacer pública la sentencia.

El Tribunal ordenó la reparación histórica de todos los legajos laborales y/o estudiantiles en los casos que fuera pertinente y fijó para el 15 de septiembre de este año la fecha para hacer pública la sentencia.

La audiencia que se realizó en la sede del Tribunal Federal de San Martín fue seguida por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos tanto dentro de la sala como desde la calle. También participó de la jornada el Subsecretario de Derechos Humanos bonaerense, Matías Facundo Moreno.

“Estuvimos en la lectura de la sentencia acompañando a los familiares de las víctimas y a sobrevivientes, y luego de un debate que duró tres años celebramos que se hayan dictado las 19 condenas”, dijo el Subsecretario de Derechos Humanos al finalizar la audiencia.

“Cómo Subsecretaría de Derechos Humanos participamos de la querella de este juicio emblemático, y resaltamos esta línea que se inscribe de Memoria, Verdad y Justicia, reparación y garantía de no repetición. Destaco además que en la sentencia se haya incluido el pedido de  reparación histórica de legajos laborales o estudiantiles de las víctimas que habían sido cesanteadas o expulsadas”, agregó Moreno.

LAS PENAS

De forma unánime, los jueces condenaron a prisión perpetua a Santiago Omar Riveros y al Jefe del Área 420 “Escuela de Comunicaciones”, Luis Sadi Pepa; al Jefe del Área 470, Eugenio Guañabens Perelló; al ex jefe del Departamento de Inteligencia, Luis Del Valle Arce; al jefe de Contrainteligencia, Carlos Javier Tamini; a los agentes civiles de Inteligencia del Batallón 601 del Ejército, Carlos Eduardo José Somoza y Miguel Conde; ex militar del Departamento de Inteligencia, Mario Rubén Domínguez; al Jefe del Área 400, Francisco Rolando Agostino, y al integrante del Área 400, Luis Pacífico Britos.

Además, fueron condenados los ex militares Hugo Miguel Castagno Monje a 22 años de prisión; Bernardo Caballero a 20 años y Carlos Alberto Rojas a 13 años.

Por su parte, el ex marino Alfredo Oscar Arena recibió la pena de 12 años de cárcel; el ex gendarme Roberto Julio Fusco la pena de 11 años y 6 meses; el ex agente de inteligencia de marina Federico Ramón Ramírez Mitchell recibió 11 años de prisión; el ex militar Ramón Vito Cabrera 10 años y 6 meses; y los ex policías Arnaldo Jorge Román 9 años y 6 meses y Carlos Daniel Caimi 4 años.

La Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires participó en el juicio como querellante a través de la Dirección de Querellas en Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, que encabeza la abogada Verónica Bogliano y su equipo compuesto por Esteban Pereyra y Francisco Hnatiuk.

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En la causa se investigaron hechos sucedidos en la Zona Norte de la provincia de Buenos Aires, la cual coincidió con la jurisdicción militar conocida como Zona de Defensa IV a cargo del Comando de Institutos Militares, cuyo jefe máximo fue Riveros, condenado a prisión perpetua este lunes en la causa Vuelos de la Muerte de Campo de Mayo.

A este “mega debate”, cuyas audiencias comenzaron en abril de 2019, llegaron para ser juzgados comandantes y cabos de las zonas que realizaban la tarea de vigilancia y amedrentamiento de las víctimas. La acusación permitió reconstruir el funcionamiento del gran aparato represivo que actuó desde las localidades de Zárate a 3 de febrero y desde Tigre a Exaltación de la Cruz.

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Esta reconstrucción de la estructura represiva no fue total, pero se realizaron importantes aproximaciones en cuanto a su conformación y funcionamiento. Por otro lado, se volvió a referenciar a “El Campito” como el centro clandestino de detención y tortura común de toda la zona.

La acusación se realizó por más de 350 víctimas de las cuales sobrevivieron muy pocas.  El CCDT de Campo de Mayo, conocido como “El Campito”, tiene la característica de ser uno de los lugares dónde menos sobrevivientes hubo, lo que dificultó la reconstrucción de lo sucedido en ese centro clandestino y, más aún, el destino final de las víctimas.

Al momento de los alegatos, los abogados de la querella de la Provincia, además de las penas solicitaron, al TOF 1 que ordene colocar placas recordatorias en las fábricas Dálmine-Siderca, Frigorífico Martin Fierro y Mercedes Benz.