Cuando estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania uno de los dramas que rápidamente se viralizó fue el peligroso operativo de evacuación que tuvieron que atravesar varias familias argentinas con sus bebés que nacieron por vientres subrogados en Kiev. Aquella odisea visibilizó el cuadro de situación de nuestro país. ¿Se puede subrogar vientres en Argentina? ¿Es legal? La abogada Florencia Daud, especialista en bioética, explicó a El Teclado las posibilidades de desarrollar esta práctica en nuestro país y por qué muchas familias optan por viajar al exterior para realizar este tipo de tratamientos.

La gestación subrogada es una técnica de reproducción humana asistida por la que, previo acuerdo con otra persona o pareja, una mujer acepta gestar un embarazo y se compromete a entregar el bebé a esa otra persona o pareja, quienes tras el nacimiento se convierten en progenitores, “comitentes” o “padres/madres intencionales”.

En nuestro país no hay una ley que reglamente esta práctica, pero tampoco hay una ley que la prohíba.

Este vacío legal ha generado, con el tiempo, dos alternativas entre aquellas personas que desean tener un bebé por medio de la técnica de vientre subrogado: viajar a Estados Unidos, Rusia, Canadá, Grecia o Ucrania, donde la práctica está legalizada, y desembolsar importantes sumas de dinero, o avanzar con el procedimiento en Argentina cumpliendo con ciertos parámetros judiciales.

“Si bien la práctica no está legislada expresamente, tampoco está prohibida y en virtud de los principios de igualdad y reserva consagrados en los arts. 16 y 19 de la Constitución Nacional, los actos que quedan en la esfera de la vida íntima de las personas y no están prohibidos, se pueden realizar siempre que no afecten a terceros”, explicó a El Teclado Daud, creadora de BioJur, fundación que entre otros temas difunde información sobre la ley de Reproducción Médicamente Asistida y que asesora en materia legal y psicológica a personas que atraviesan tratamientos de fertilidad.

ARGENTINA Y EL MUNDO

Para muchas personas la seguridad jurídica pesa más que el valor que significa el tratamiento en países donde la práctica está legalizada, dado que los desembolsos económicos oscilan entre 50 mil y 200 mil dólares, según el país elegido.

La guerra en Ucrania ante la invasión de Rusia visibilizó las dificultades que atraviesan muchas familias argentinas que decidieron hacer el tratamiento en aquel país. Lo mismos sucedió en 2020 cuando se declaró la pandemia por coronavirus, aunque las dificultades se multiplicaron ante las restricciones que se impusieron para viajar, situación que no sólo imposibilitó las salidas de Argentina, sino el ingreso a distintos países, muchos famosos por el desarrollo de la técnica.

En nuestro país, según explicó Daud, la práctica tiene que ser “altruista, solidaria, no puede haber dinero de por medio, más allá de algún convenio para algunos gastos básicos de alimentación o médicos”, aunque reconoció que en las sombras “mucha gente le paga a la gestante”.

En este sentido, la abogada expresó que la forma de avanzar con una gestación solidaria en Argentina es con la asistencia de una familiar de la persona que desea tener un bebé. “Si esa persona que no puede gestar tiene a una prima, una hermana, una pariente que la puede ayudar no es imposible hacerlo, es bastante accesible”.

En un paper difundido por Daud, se destaca que en nuestro país “hay distintos requisitos que solicitan los centros de fertilidad para llevar a cabo un proceso de gestación subrogada”.

Según se indica, desde lo legal, el único requisito es “la firma del consentimiento previo, libre, expreso e informado de los padres intencionales y de la gestante; y queda a discreción del centro médico solicitar un seguro de vida a nombre de la gestante y una cobertura médica para realizarle los análisis y controles correspondientes durante la gestación y el parto”.

La abogada detalló que “el objetivo jurídico de la subrogación de vientre es que los progenitores del bebé sean reconocidos por la ley como los padres legales y para eso la mujer gestante no debe tener ningún vínculo filiatorio con el recién nacido ya que no hay ley que le prohíba verlo a futuro, máxime cuando es la abuela o tía, por ejemplo”.

En lo concerniente a la inscripción del menor nacido mediante esta técnica, hay algunas diferencias según el lugar donde será asentado. “En todo el territorio argentino, excepto en Ciudad de Buenos, será necesario un proceso judicial. Las estrategias judiciales actuales de los abogados tienden a obtener la autorización judicial previa a la implantación del embrión, como ideal. También hay peticiones de autorización judicial previa al nacimiento con el embarazo en curso, aunque no es lo más aconsejable pese a ser procesos rápidos”, expresó Daud.

“En cambio, en CABA, se puede optar por solicitar la autorización judicial previa para lograr una registración definitiva o inscribir al nacido sin autorización judicial previa”, agregó.

Daud, además, hizo hincapié en que “el eje vertebral de la filiación es la expresión de la voluntad procreacional de los progenitores, previa, libre e informada, volcada en los consentimientos que se firman en el centro médico de reproducción asistida, como así también que la gestante previa y fehacientemente exprese en esos consentimientos no tener voluntad procreacional” y remarca que los consentimientos “deben ser prestados sin presiones de ningún tipo hacia la gestante y debe tener información respecto de los aspectos médicos, psicológicos y jurídicos implicados”.

Por otro lado, señaló que “queda a la libre discreción de los padres intencionales y la gestante firmar un contrato privado en donde pueden hacer mención a gastos por compensación, alimentación, cuidado e higiene, obligaciones respecto a la concurrencia a controles médicos, quién o quiénes presenciaran el parto, entre otrad cuestiones”. 

LEGALIZACIÓN

“Quienes vemos la gestación solidaria como un derecho, solicitamos que esté en la agenda legislativa para evitar gestantes manipuladas o un aprovechamiento de un estado de necesidad o vulnerabilidad”, señaló la abogada ante la falta de una normativa que regule la práctica.

Sin embargo, reconoció que una legalización en la actualidad es “incierta” porque es una práctica cruzada por un “debate moral, ético como lo fue el de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”.

En este sentido, destacó que la “legislación posibilitaría que no haya comercio, como sucede en Ucrania o en Estados Unidos, porque esto incentiva en turismo médico” y pidió tener en cuenta que “nuestro país tiene mucha desigualdad económica”.

Por eso apuntó a que la legalización debería ser “altruista, con reglas claras que den certidumbre a las partes”. En este sentido, consideró que, por ejemplo, “se protegería más a la gestante y se daría más seguridad jurídica en cuanto a la inscripción de un menor”.

Además, consideró que la legislación podría incorporar la solicitud de un seguro de vida para la gestante, que hacen algunas clínicas de fertilidad asistida. En esa línea, explicó: “En general se pide que la gestante haya tenido un hijo nacido de manera natural y sin problemas durante el embarazo, por eso, además de una cobertura médica, se pide un seguro vida; dado que si la gestante solidaria fallece durante la práctica su hijo quedaría desamparado”.  

En la actualidad, según informó la abogada, “en las sombras” se tejen convenios económicos entre las personas que solicitan una subrogación de vientres y la gestante que oscilan entre 11 y 15 mil dólares, por eso destacó la importancia de avanzar en un encuadre legal que proteja a las partes involucradas en la práctica. [El Teclado]