Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo bonaerense encendió las alarmas sobre el crítico estado financiero que atraviesan las familias en la provincia de Buenos Aires. Según los datos presentados por Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto, aproximadamente 1,84 millones de habitantes en el territorio provincial se encuentran actualmente en estado de morosidad, acumulando un monto total impago que alcanza la cifra de $6,49 billones.

El mapa del endeudamiento muestra una enorme disparidad territorial. El promedio provincial de mora se ubica en el 20,17%, superando la media nacional que registró un 17,4%. No obstante, al analizar los datos municipio por municipio, surgen marcadas diferencias entre los distintos distritos del conurbano y del interior.

El ranking de morosidad es encabezado por la localidad de José C. Paz, donde la mora monetaria alcanza el 32,86%. Le siguen muy de cerca otros distritos de la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires, como Presidente Perón (32,73%), Florencio Varela (32,48%), Malvinas Argentinas (31,34%) y San Vicente (29,92%). La lista de las comunas más comprometidas se completa con Ezeiza, Moreno, Merlo, Esteban Echeverría y Berazategui. En el otro extremo se sitúa La Plata, que registra el índice más bajo de la muestra provincial, con un 15,61%. Existe así una brecha de más de 17 puntos porcentuales entre los municipios con mayor y menor nivel de incumplimiento.

La brecha entre el incremento salarial y la inflación ha impulsado a las familias a financiarse para saldar sus consumos cotidianos. Los salarios del sector privado registrado aumentaron un 35,2%, en tanto que el costo de vida en el Gran Buenos Aires acumuló una suba del 40,8%. En el mismo lapso, los alquileres treparon un 70,9%, los servicios públicos y la vivienda sufrieron un alza del 50,4%, y los alimentos indispensables subieron un 45,1%. Esta asimetría provocó que el recurso al crédito, antes destinado al consumo duradero o a la inversión, pasara a ser utilizado para solventar gastos de subsistencia.

El impacto en jóvenes y el mapa crediticio

La vulnerabilidad económica resulta todavía más severa entre las franjas etarias más jóvenes. A nivel nacional, la mora entre los menores de 25 años trepó hasta un 36,84%, una cifra que duplica la media del país. A esto se suma la expansión acelerada del financiamiento a través de canales digitales y fintech. Hacia fines del ciclo anterior, el Banco Central contabilizaba unos 6,7 millones de personas que combinaban créditos con entidades bancarias tradicionales y proveedores no financieros. Asimismo, sobre un total de 2 millones de nuevos deudores digitales incorporados recientemente, el 80% ya registraba pasivos en otros sectores del sistema.

Martello advirtió que en varios municipios del conurbano el crédito dejó de funcionar como un mecanismo de liquidez temporal para transformarse en una trampa de difícil salida. Ante este panorama, se subrayó la necesidad de desglosar las estadísticas públicas a escala municipal y por rango etario para actuar con políticas preventivas antes de que las obligaciones se tornen derechamente impagables.

Estrategias y propuestas para contener la crisis

Para hacer frente a esta coyuntura, el documento formulado desde la Defensoría del Pueblo plantea dos ejes de trabajo específicos:

• Matriz de Vulnerabilidad Financiera: Se propone consolidar una base de datos comprensiva de los 135 municipios. Esta herramienta cruzará variables como cantidad de deudores, tasa de morosidad, deuda per cápita, franjas etarias afectadas y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). La finalidad es confeccionar un Índice Municipal de Vulnerabilidad Financiera para ubicar con precisión los distritos en los que confluyen un deterioro crediticio agudo con condiciones de pobreza estructural.
• Intervención y educación focalizada: Se sugiere abandonar las campañas informativas masivas y genéricas para reemplazarlas por programas territoriales dirigidos a las áreas y grupos etarios más expuestos. Las medidas contemplan el dictado de educación financiera preventiva y el despliegue de dispositivos locales de asistencia, mediación y orientación al consumidor vulnerado.

En paralelo, desde distintos bloques de la oposición en la Legislatura provincial y el Congreso Nacional se ha comenzado a impulsar un cronograma de debate para abordar el endeudamiento de los hogares. Las iniciativas parlamentarias apuntan a crear marcos normativos de alivio para los deudores hipotecarios y prendarios, regular las comisiones y tasas de interés aplicadas por las billeteras virtuales, y disponer mecanismos institucionales de reestructuración para las familias que han caído en cesación de pagos.