Debemos reconocer que existen hombres extraordinarios.

No abundan. La historia los produce con moderación, acaso para que los mortales comunes no perdamos del todo la esperanza.

Son individuos capaces de realizar hazañas que desafían las limitaciones de la naturaleza humana. Mientras el resto de nosotros apenas logra sostener una familia, pagar impuestos y llegar a fin de mes sin sobresaltos, ellos desarrollan una capacidad singular para multiplicar sus recursos sin que nadie termine de comprender del todo cómo lo han conseguido.

Y, sin embargo, son modestos.

Jamás atribuyen sus éxitos a una inteligencia superior. Tampoco a una fortuna excepcional. Menos aún a privilegios derivados del ejercicio del poder. Suelen presentarse como servidores públicos sacrificados, hombres consagrados al bienestar de sus semejantes que, en los pocos momentos libres que les deja semejante apostolado republicano, encuentran tiempo para construir patrimonios capaces de despertar la curiosidad de los investigadores.

A tal punto llega la malicia pública que algunos se atreven a preguntar por un viaje en avión privado o por una cascada —dos cañitos, apenas— en una recién adquirida casa de fin de semana. Nada más injusto.

Después de todo, ¿quién podría dudar de alguien que trabaja tan intensamente por el bien común? Mucho menos de quien se “desloma” en Nueva York por su pueblo.

Quizás por esa razón resulte tan tranquilizador comprobar que, cuando el Poder Judicial se interesa por la evolución de su patrimonio, estos ciudadanos ejemplares responden con gestos de inocencia: se acogen al régimen especial de inocencia fiscal.

No tienen tiempo para explicar el origen de los bienes. La explicación, además, es una tarea demasiado terrenal para quienes han sido llamados a destinos superiores. Exige papeles, fechas, ingresos, operaciones, comprobantes, contratos y esa fatigosa costumbre de vincular cada bien con una fuente legítima de recursos.

Ellos prefieren mecanismos más modernos.

Acuden a regímenes especiales, procedimientos simplificados y sistemas de exteriorización que permiten ordenar la información patrimonial dentro de un marco jurídico cuidadosamente diseñado por el Gobierno para brindar tranquilidad; principalmente, a los integrantes del propio Gobierno.

Y es comprensible. El funcionario ejemplar, dedicado por entero a la cosa pública, mal puede distraer su tiempo en llevar cuentas, acumular comprobantes o explicar el origen de sus bienes. La inocencia fiscal es más sencilla y le permite seguir cuidándonos.

Porque explicar exige recorrer el camino inverso al de la fortuna. Exige demostrar de dónde provinieron los recursos, cómo se generaron, qué actividad los produjo y qué documentos respaldan cada tramo de esa historia económica. La inocencia administrativa, en cambio, tiene una elegancia incomparable: reconoce que los bienes existen y nos invita, con delicadeza institucional, a no preguntar demasiado.

La diferencia no es menor.

Si un viajero aparece en una ciudad desconocida, podemos constatar su presencia sin saber de dónde viene. Del mismo modo, un patrimonio puede ser reconocido sin que por ello quede esclarecida su genealogía.

Tal vez allí resida la grandeza de ciertos sistemas modernos: han descubierto que la mejor manera de resolver algunas preguntas consiste en liberar de la obligación de responderlas.

Cuando alguien pregunta por el origen de una fortuna, se ofrece una declaración de inocencia. Cuando pregunta por la causa, se informa el resultado. Cuando pregunta por la historia, se exhibe el inventario.

Es un método ingenioso.

Lástima que el derecho penal funcione de otra manera.

Porque las investigaciones por enriquecimiento ilícito no se conforman con la existencia de los bienes. Los bienes suelen ser la parte más visible de la historia. Lo que interesa es aquello que permanece detrás de ellos: la explicación.

La antigua y obstinada explicación.

La que vincula cada incremento patrimonial con una fuente legítima de ingresos. La que permite comprender cómo una determinada riqueza llegó a existir. La que transforma una sospecha en una certeza, o una fortuna en una historia verificable.

Por eso resulta admirable la fe de quienes creen que la cuestión puede resolverse mediante formularios.

Los fiscales, lamentablemente, suelen ser menos creyentes.

Tienen una costumbre algo anticuada. Frente a un patrimonio relevante no preguntan únicamente cuánto existe. Preguntan cómo apareció.

Y esa pregunta, tan sencilla en apariencia, ha demostrado a lo largo de la historia una sorprendente capacidad para incomodar a los hombres extraordinarios.

Que la inocencia les valga.