Por Daniel Kiper

El gobierno de Javier Milei insiste en observar el conflicto universitario desde la contabilidad. Pero una sociedad no puede construirse solamente con balances ordenados. También necesita ideales, cultura, pensamiento crítico y educación.

Los números son la excusa.

Los prejuicios suelen ser el verdadero motor de las decisiones.

Porque detrás de ciertos discursos contemporáneos sobre el “gasto universitario” sobreviven, con otros nombres y otros modales, antiguas concepciones elitistas que recorren la historia argentina desde hace siglos.

No es la primera vez que determinados sectores consideran peligroso que el conocimiento deje de ser privilegio de minorías.

Hacia mediados del siglo XIX todavía se objetaba formalmente el ingreso de jóvenes que no fueran de “limpio linaje”, conforme a aquellos criterios coloniales de “limpieza de sangre” que sobrevivían en los claustros universitarios aun después de la independencia. Como recuerda Norberto Rodríguez Bustamante en el debate sobre la Ley Avellaneda, la universidad conservaba todavía buena parte de las jerarquías sociales heredadas de la Colonia.

La idea de que ciertos sectores sociales debían permanecer alejados del conocimiento no desapareció: simplemente fue mutando de lenguaje.

Cuando a comienzos del siglo XX irrumpieron los primeros movimientos estudiantiles reclamando democratización universitaria, el diario La Nación editorializaba alarmado sobre la necesidad de eliminar a los “elementos heterogéneos” que “invaden la Universidad”.

La expresión resulta reveladora incluso hoy.

“Elementos heterogéneos”.

No hablaban únicamente de estudiantes. Hablaban de hijos de inmigrantes, de sectores medios emergentes, de jóvenes sin apellido aristocrático que comenzaban a ocupar espacios históricamente reservados para una élite social, clerical y económica.

Como señala Juan Carlos Portantiero, “nada conmovía a la oligarquía cultural, apéndice de la Iglesia que controlaba los claustros”. Los cargos directivos universitarios eran vitalicios; apenas una parte de ellos estaba ocupada por docentes reales; y las llamadas “academias” funcionaban como corporaciones cerradas dominadas por sectores conservadores y clericales. Una organización secreta conocida como “Corda Frates”, vinculada al arzobispado, ejercía incluso tutela informal sobre la Universidad de Córdoba.

Fue contra ese orden inmóvil que estalló la Reforma Universitaria de 1918.

Y acaso convenga recordarlo hoy: la Reforma no nació como una discusión administrativa. Nació como una rebelión democrática.

El 15 de junio de 1918 los estudiantes irrumpieron en la Asamblea Universitaria cordobesa y alteraron para siempre la historia educativa argentina. Pero lo verdaderamente extraordinario ocurrió después: el conflicto dejó de ser estudiantil y se convirtió en un movimiento popular.

Las calles de Córdoba comenzaron a llenarse de obreros, estudiantes secundarios y ciudadanos comunes. El 19 de junio, La Nación describía con preocupación una ciudad convulsionada: vigilancia policial en las iglesias, manifestaciones permanentes y adhesión masiva de los gremios obreros al movimiento estudiantil.

Durante los días siguientes se multiplicaron huelgas y paros estudiantiles en Rosario, Paraná, Bahía Blanca, San Juan, Catamarca, Santiago del Estero y Corrientes. En Córdoba, las movilizaciones fueron multitudinarias, aun cuando los universitarios eran apenas mil quinientos.

La historia oficial muchas veces redujo la Reforma Universitaria a una simple modernización académica. Pero fue algo mucho más profundo: el primer gran levantamiento juvenil y popular en defensa del acceso democrático al conocimiento en la Argentina.

Por eso la discusión universitaria actual no puede analizarse únicamente en términos presupuestarios.

Una Nación puede sobrevivir a las crisis económicas. Incluso puede sobrevivir a gobiernos mediocres, a ciclos de corrupción o a períodos de decadencia política. Pero difícilmente sobreviva a la destrucción sistemática de su inteligencia.

La Argentina moderna no nació únicamente de los ferrocarriles, del puerto o de las exportaciones agrícolas. Nació también en esas viejas aulas donde hijos de inmigrantes pobres descubrieron que el conocimiento podía romper el fatalismo del origen. Nació en bibliotecas silenciosas, en hospitales universitarios y en laboratorios donde generaciones enteras creyeron que estudiar no era un privilegio aristocrático sino un acto de emancipación.

Allí un hijo de obreros ferroviarios como René Favaloro podía llegar a convertirse en uno de los médicos más importantes del mundo y revolucionar la cirugía cardiovascular desde un hospital público.

Allí un muchacho nacido en una familia humilde de La Plata como César Milstein podía atravesar las aulas de la universidad pública argentina y terminar obteniendo un Premio Nobel gracias a investigaciones que cambiaron la medicina contemporánea.

Allí una mujer como Cecilia Grierson podía desafiar una época que consideraba impropio que una mujer estudiara medicina y convertirse en la primera médica argentina, abriendo un camino que parecía reservado exclusivamente para hombres.

La universidad pública argentina fue, acaso, una de las pocas máquinas verdaderamente igualadoras que este país logró construir.

Por eso cada ataque contra la universidad pública termina siendo, en el fondo, un ataque contra la movilidad social y contra la esperanza.

Cada vez que en la historia argentina se intentó restringir el acceso al conocimiento, detrás apareció siempre la misma idea: que la educación debía volver a convertirse en privilegio y no en derecho.

Con distintos discursos.

Con distintos argumentos.

Pero con idéntico temor frente a la democratización del saber.

La Reforma Universitaria nació precisamente para combatir esa lógica.

Nació para que el hijo de un trabajador pudiera disputar espacios históricamente reservados a las minorías privilegiadas. Nació para romper el determinismo social. Nació para demostrar que el talento y el esfuerzo debían pesar más que el apellido o la fortuna.

Por eso defender hoy la universidad pública no significa únicamente defender salarios o presupuestos. Significa defender una de las tradiciones más profundamente democráticas de la historia argentina.

Porque cuando una sociedad comienza a sospechar de sus universidades, generalmente no está cuestionando solamente un gasto.

Está decidiendo, en realidad, qué clase de país quiere ser.

Uno donde el conocimiento vuelva a encerrarse detrás de los apellidos, de las herencias y de las posibilidades económicas.

O uno donde todavía un hijo de trabajadores pueda mirar una universidad pública y sentir que el futuro también le pertenece.

Esa es la verdadera discusión argentina.

No el déficit.

No las planillas.

No el Excel.

Es el conocimiento, estúpido.

*ABOGADO