14 Jun 2026 - Edición Nº3337
La Plata, Bs As
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El Observatorio Nacional "Mujeres, Disidencias, Derechos" de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) presentó recientemente los datos del Registro de Femi(ni)cidios correspondientes al periodo entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2026. Los resultados exponen una realidad crítica para las mujeres y las disidencias en Argentina, evidenciando tanto la crueldad de la violencia de género como una respuesta estatal que resulta insuficiente para las víctimas.
De acuerdo con el relevamiento, en solo cuatro meses se contabilizaron 90 muertes violentas, lo que representa un promedio de un femicidio cada 32 horas. Esta cifra se complementa con un dato preocupante sobre la impunidad y el peligro latente: se registraron 356 intentos de asesinato contra mujeres y personas del colectivo LGBTIQ+ en el mismo lapso.
La violencia deja secuelas profundas en el entorno familiar, resultando en 61 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que han quedado sin sus madres. Desde el Observatorio se denunció que el Estado Nacional incumple la Ley N°27.452, la cual establece la reparación económica para hijos e hijas menores de 18 años que son víctimas de femicidio, dejándolos en una situación de desamparo económico y social.
¡EXIGIMOS RESPUESTAS URGENTES! ????
LOS FEMI(NI)CIDIOS Y LAS TENTATIVAS NO CESAN
Presentamos el Registro de Femi(ni)cidios (1/01 al 30/04)
Las cifras revelan la violencia extrema en Argentina y la deficiente respuesta estatal.
90 Femi(ni)cidios | 1 cada 32 hs | 356 Intentos. pic.twitter.com/kHtiNvPRFN
El informe resalta una tendencia alarmante: el porcentaje de denuncias previas es el más bajo de los últimos años, con solo un 10% de las víctimas habiendo denunciado a su agresor. Esta reticencia a acudir a las autoridades se enmarca en un contexto donde, desde sectores oficiales, se impulsan discursos negacionistas y de odio de género, además de promover la teoría de las "falsas denuncias" para defender a los violentos. La ausencia de políticas públicas efectivas confirma que no sobran denuncias, sino que faltan garantías estatales para quienes deciden hablar.
El femicidio de Sophia Civarelli en Rosario, de 22 años, ilustra el peligro de los discursos de odio. Fue asesinada por su pareja, Valentín Alcida, quien difundía activamente mensajes racistas y antifeministas en redes sociales. Alcida se suicidó tras intentar incriminar a la víctima en una carta, repitiendo un patrón de violencia extrema que ya se ha visto en otros agresores vinculados a agrupaciones que promueven el odio hacia las mujeres.
Por otro lado, el hallazgo de Gisele Alejandra Ruocco en Claypole describe una escena de horror: fue encontrada y desenterrada por su propio hijo de 12 años en el patio de la casa de su pareja. El agresor, que contaba con antecedentes penales, acabó con la vida de la mujer y ocultó su cuerpo en su propia vivienda.
Frente a estos hechos reales que interrumpen vidas y proyectos, se exige al Estado argentino el restablecimiento urgente de las políticas públicas de género. Es imperativo que se cumplan las obligaciones de prevención, asistencia y acompañamiento para detener la violencia extrema y garantizar una protección efectiva a todas las víctimas.
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