En el tercer año de su administración, el gobierno de Javier Milei ha consolidado y profundizado un dispositivo de ajuste estructural cuyo impacto recae sobre los sectores populares y las economías de subsistencia. 

Las medidas implementadas en estos años configuran una transferencia masiva de la riqueza producida socialmente desde el trabajo y las capas medias empobrecidas hacia los sectores concentrados del gran capital. Este proceso se articula con una política de disciplinamiento social que, mediante la gestión del "terror económico", busca reconfigurar las subjetividades y las expectativas colectivas, reduciendo la vida en las barriadas populares a una lucha atomizada por la mera reproducción biológica diaria.

Por un lado, la macroeconomía opera como una maquinaria destructora del tejido laboral productivo formal e informal, impulsando una caída abrupta de los ingresos de asalariados y el Gobierno actúa como un planificador de una pauperización programada de todos los órdenes de la existencia. 

La combinación de una inflación residual controlada vía recesión y el congelamiento o desfinanciamiento de la inversión social, configura un escenario de desprotección extremo. La supresión de programas de contención como "Volver al Trabajo" y la interrupción de la ayuda alimentaria a organizaciones comunitarias no son meros recortes presupuestarios, sino la destrucción activa de la última trama de organización territorial y comunitaria. 

Esta retirada de la asistencia del Estado no vacía el territorio, sino que lo re-politiza y lo reconfigura bajo otras lógicas de poder: el incremento de la influencia de economías asociadas al delito/narcotráfico, que realimenta el circuito de las violencias son, en este marco, consecuencias directas deseadas por el poder porque genera la ruptura de vínculos comunitarios y dificulta la acción colectiva.

Paralelamente, la asfixia presupuestaria sobre los pilares de la ciudadanía social —salud pública y educación— completa un escenario de vulnerabilidad. El deterioro acelerado de estos servicios esenciales actúa potenciando la desigualdad de género y niega el acceso a derechos a las infancias y adolescencias, cuando no las criminalizan abiertamente.  E

En resumen, una existencia signada por la precariedad, la estigmatización y la lucha desigual por la supervivencia. Una necropolítica de Estado.

Omar Giuliani
Secretario General FeNaT-CTA.