Jefes comunales del COFEIN (el Consejo Federal de Intendentes) se reunieron este martes en Entre Ríos, donde se planteó un reclamo transversal -de varios signos políticos- al gobierno nacional por la caída de los ingresos en la coparticipación y su impacto en las administraciones locales.

En este marco, el intendente de La Plata, Julio Alak, reclamó "un nuevo Pacto Fiscal" que revierta la caída "brutal" de la coparticipación y "garantice la gobernanza y la sostenibilidad de los municipios argentinos". 

Lo hizo al término de un encuentro de autoridades municipales de todos los signos políticos que coincidieron en expresar su profunda preocupación por las consecuencias sobre las finanzas locales de un escenario marcado por el cierre de empresas, la destrucción de empleo, el atraso salarial, el derrumbe del consumo y el desplome de la recaudación.

Las autoridades municipales reclamaron una distribución equitativa de los recursos coparticipables que administra la Nación. 

En ese sentido, Alak sostuvo que, “ante la caída vertical de la coparticipación federal registrada en los últimos meses producto del cierre de 29 mil empresas, la pérdida de 300 mil puestos de trabajo y la caída abrupta del consumo, es necesario crear un nuevo Pacto Fiscal que garantice la gobernanza y la sostenibilidad de los municipios argentinos”.

Los mandatarios presentes elaboraron y rubricaron un documento que denuncia la “asfixia financiera crítica” que atraviesan los municipios, que sostienen “lo que la Nación abandona”. 

“Mientras se agrava la crisis que golpea a familias, trabajadores, jubilados, comercios, pymes e industrias, los gobiernos locales debemos responder cada vez a más demandas con menos recursos y en un contexto de creciente abandono por parte de la Nación”, indica documento.

De igual modo, expresa que “desde el gobierno nacional se busca imponer un discurso que pretende responsabilizar al interior de la decadencia argentina y descalifica a gobernadores e intendentes”.

“Hoy los municipios debemos hacernos cargo de más atención social, mayor demanda en salud, jubilados nacionales sin cobertura adecuada de PAMI, programas que cubrían medicamentos para enfermedades crónicas y también del transporte público, sin los aportes nacionales derivados del impuesto a los combustibles que sí se siguen destinando al AMBA”. 

“Solo en 2025, el Gobierno Nacional retuvo 120.000 millones de pesos que corresponden al interior”, denunciaron los intendentes, que reclamaron “abrir una discusión de fondo sobre el esquema impositivo y la distribución de recursos en la Argentina” y subrayaron: “La Nación recauda recursos de todos, pero no los distribuye de acuerdo con las responsabilidades reales que luego recaen sobre provincias y municipios”.

Finalmente, solicitaron una nueva distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y la reformulación de los ATN.

“Los municipios somos el primer mostrador del Estado. Y los intendentes por definición y vocación política ponemos la cara frente a los vecinos ante cualquier fenómeno político, económico, climático o social. Siempre estamos al lado de la gente, y sería bueno que el gobierno nacional pueda hacer lo mismo. No hay un error, sino una decisión del gobierno de asfixiar el presupuesto del Estado", afirmó el jefe comunal de Escobar. Además, remarcó que los municipios trabajan con equilibrio fiscal y eficiencia, evaluados diariamente por los vecinos: “Venimos a defender la autonomía municipal”, resaltó.

Del encuentro participaron intendentes de ciudades referentes de distintos puntos del país, entre ellos el intendente de La Plata, Julio Alak, quien junto a Sujarchuk representó a la provincia de Buenos Aires. También estuvieron presentes Rosario Romero (Paraná), Pablo Javkin (Rosario), Daniel Passerini (Córdoba), Juan Pablo Poletti (Santa Fe) y Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), junto a autoridades de ciudades como Formosa, La Rioja y Viedma. A su vez, se sumaron de manera virtual intendentes de San Salvador de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Río Cuarto, Mendoza, Santa Rosa (La Pampa), San Francisco (Córdoba) y Posadas (Misiones), quienes también formaron parte del reclamo federal.