La Libertad Avanza consiguió convertir en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Cámara de Senadores. La iniciativa, que obtuvo 44 votos positivos, 27 negativos y una abstención, tiene como eje central la reducción de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años, además de un conjunto de medidas procesales que regulan el tratamiento de menores en conflicto con la ley penal.

Detalles del sistema de penas y garantías

El nuevo marco normativo faculta a los magistrados a aplicar sanciones graduadas según la gravedad del delito. Para ilícitos con penas de hasta tres años de prisión, o de hasta diez años siempre que no medien muertes o lesiones graves, los jueces podrán optar por amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de salida del país o servicios comunitarios.

La privación de la libertad queda reservada exclusivamente para delitos graves, tales como homicidios, secuestros, abusos sexuales y robos con violencia. La ley establece un techo de 15 años de prisión como pena máxima, incluso en casos de concurso de delitos, y prohíbe expresamente la reclusión o prisión perpetua. Asimismo, permite solicitar penas alternativas al cumplir dos tercios de la condena, bajo las condiciones de libertad condicional del Código Penal.

El debate político y las críticas de organismos

Durante el tratamiento, el miembro informante del oficialismo, Gonzalo Guzmán (Salta), defendió la norma calificándola como un sistema "moderno y especializado" que garantiza el debido proceso. Por el contrario, desde la oposición, Lucía Corpacci (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) cuestionaron la viabilidad y constitucionalidad de la ley, señalando que la reforma avanza sobre facultades provinciales y aumenta el gasto de las jurisdicciones.

Por su parte, organizaciones civiles y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) manifestaron un rechazo rotundo. El organismo advirtió que la reforma vulnera el principio de no regresividad en derechos humanos y contradice las recomendaciones internacionales de mantener la edad mínima en 16 años. Según datos del CNPT al cierre de 2024, de los 4.119 adolescentes en el sistema penal, solo el 1,2% (48 personas) tiene menos de 16 años, lo que fundamenta su postura de que la población no punible es cuantitativamente reducida y requiere políticas de protección integral en lugar de endurecimiento penal.