El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, se refirió a la iniciativa del Gobierno nacional para reforma el régimen penal juvenil y aseguró que “no conocemos el proyecto” que el Ejecutivo decidió sumar al temario de las sesiones extraordinarias. El funcionario advirtió que bajar la edad de imputabilidad en el Código Penal de 16 a 13 años, “lejos de resolver un problema, está pensado para agigantar la grieta y tapar otros más graves”. Al respecto, enfatizó que “el mayor problema es que solo discutamos la edad y no un proyecto integral”. 

En diálogo con Radio Provincia, Alonso consideró que para discutir en materia de seguridad “hay que ir a las cuestiones concretas”, y agregó que en “estos 6 años la Provincia ha hecho un esfuerzo muy importante para mejorar los indicadores”. En tal sentido, indicó que “se detuvo a 13 mil personas y construimos 8.000 plazas carcelarias”, al tiempo que valoró que “el 2025, con 751 casos, fue el año con menos homicidios”. Por lo tanto, subrayó que “está claro quiénes están enfrentando a los delincuentes y a los narcos, y quiénes eligen un debate para la tribuna y las redes sociales”.

Seguido, explicó que en la Provincia, “los menores de cualquier edad que matan o cometen un delito grave son sancionados por jueces de menores, gracias a la ley provincial de Responsabilidad Penal Juvenil que está vigente desde 2007 y viene a resolver este tipo de situaciones” a partir de “un régimen especial que se da entre los 16 y los 18 años”.

En ese sentido, detalló que del total de crímenes registrados en el 2025, “solo hubo 19 menores de 16 años que fueron responsables de esos homicidios, y luego hay otros menores de 16 años que fueron responsables de lesiones graves”, de los cuales “todos están encerrados en institutos de menores, por orden de un juez de menores”.

A su vez, el Ministro reconoció que “la gran discusión es qué pasa con los menores de 16 años (vinculados a un delito de sangre) y lo que propone verbalmente Patricia Bullrich es ampliar ese régimen y llevarlo de 18 a 13”. Ante esto, contrapuso que “lo que dicta la ley provincial en estos casos son medidas de seguridad” que los aloja “en un instituto para recibir el tratamiento adecuado” porque se los considera “un riesgo para la sociedad y para sí mismo”.

En ese marco, desagregó que “en la Provincia tenemos 5 millones 200 mil pibes con la vida ordenada por la escuela, los clubes, el programa Envión y un montón de otras instancias sociocomunitarias”, mientras que “hay aproximadamente 4.000 pibes que la policía los aprehende por diferentes hechos delictivos y tienen padres que no se pueden hacer cargo de su crianza”. En ese marco, pidió la “intervención del Estado para torcer esa trayectoria criminal”.

Para Alonso “tenemos que discutir una ley de Responsabilidad Penal Juvenil donde el Estado invierta recursos y se armen más juzgados y fiscalías de menores, más aún si se va a ampliar la edad de imputabilidad”.