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En un nuevo avance de la agenda de desregulación económica, el gobierno nacional oficializó la resolución 4/2026, la cual deroga el régimen de identificación de equipajes y encomiendas que regía desde 2016. la medida, que impacta directamente en las terminales de toda la provincia y el país, otorga a las operadoras de transporte la facultad de diseñar sus propios mecanismos de trazabilidad.
El argumento del Ministerio de Economía es que la normativa anterior "distorsionaba los precios" y limitaba la "libre iniciativa privada". Sin embargo, la realidad es que el Estado nacional abandona un estándar único de seguridad. A partir de ahora, la vinculación entre el pasajero y su valija quedará sujeta a los "dispositivos documentales o tecnológicos" que cada empresa decida implementar, siempre y cuando aseguren (en teoría) la inviolabilidad.
Para el usuario bonaerense, esto implica que ya no habrá un comprobante uniforme. Dependiendo de la solvencia de la transportista, se podrá pasar de sistemas de alta tecnología a métodos mucho más rudimentarios, bajo la premisa de la reducción de costos operativos.
Esta medida se suma a la reciente creación del Registro Nacional del Transporte Interjurisdiccional de Pasajeros, profundizando un modelo donde el Estado delega la responsabilidad operativa en los privados. Si bien se busca agilizar el despacho en las bodegas, la falta de una normativa unificada genera interrogantes sobre cómo se gestionarán los seguros y reclamos ante la pérdida o robo de pertenencias en un sistema fragmentado.