Buscan que las estaciones de servicio vuelvan a informar los aumentos de la nafta

Un proyecto de Ley de la diputada del Frente Renovador, Ayelén Rasquetti, que obliga a las petroleras y a los estacioneros a informar sus cambios en los precios con 72 horas de anticipación, generó revuelo en la Legislatura bonaerense. “El lobby petrolero se movió rápido por La Plata”, apuntó. 

Pese al rechazo de la petrolera argentina YPF y de otras cámaras y federaciones, la comisión de Servicios Públicos de Diputados aprobó este jueves por mayoría el proyecto de Rasquetti y la próxima semana se tratará en la comisión de Legislación para llegar al recinto para su votación en 15 días.  

“Resulta preocupante que algunas compañías petroleras pretendan frenar esta iniciativa mediante presiones y lobby en la Cámara de Diputados y que se nieguen a brindar información básica sobre los aumentos de precios. Su resistencia a la transparencia muestra un claro intento de conservar privilegios a costa del bolsillo de los usuarios”, expresó la autora del proyecto. 

Y añadió: “Me pregunto qué otras cosas se ocultan detrás de estos aumentos que tanto miedo les da informar sobre ellos”. En esa línea, agregó: “No entiendo por qué les cuesta tanto informar los aumentos”.

Desde el massismo aseguran que en Argentina existía una Ley nacional que obligaba a las abastecedoras y expendedoras de combustible a comunicar los aumentos. Sin embargo, esa norma fue eliminada por el gobierno libertario en junio de este año. "Dejaron a los consumidores a la merced de los empresarios que entre gallos y medianoche deciden cambiar las tarifas de los combustibles", dijo Rasquetti.

El incumplimiento de la ley por parte de las petroleras, según prevé el proyecto, será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre 5.000 y 150.000 litros de nafta súper. En caso de reincidencia, podrá aplicarse, además, la suspensión temporaria de la habilitación comercial.

En tanto, en el caso de incumplimiento por parte de las estaciones de servicio, será sancionado con multa equivalente al precio de venta al público de entre cien 100 y 500 litros de nafta súper.

En los fundamentos del proyecto, los diputados del Frente Renovador destacan que la provincia de Buenos Aires posee competencia para dictar normas en materia de policía administrativa, defensa de consumidores y transparencia en la comercialización de bienes estratégicos dentro de su territorio.