Tras dos años de pausa por la pandemia, el viernes el grito contra la violencia machista volvió a las calles. Entre los reclamos y reivindicaciones, la exigencia de una reforma judicial feminista es parte de una agenda que se planta ante un sistema patriarcal. En La Plata, la Colectiva de Trabajadoras Judiciales aborda la problemática desde adentro y trabaja en la construcción de prácticas que allanen el camino hacia un Poder Judicial con perspectiva de género y enfoque de derechos.

El último documento de demandas colectivas de Ni Una Menos destacó en primer lugar "¡Basta de Justicia patriarcal!" y exigió "una reforma judicial feminista que garantice el acceso al sistema de justicia para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries".

Como segundo punto, se planteó "el cumplimiento de la ley de patrocinio jurídico gratuito sancionado en 2015 con perspectiva de género" y se recalcó que "los procesos legales no deben revictimizarnos".

En La Plata, la Colectiva de Trabajadoras Judiciales aborda desde adentro del sistema judicial la problemática y diseña estrategias para construir  prácticas de cara a un Poder Judicial con perspectiva de género y enfoque de derechos.

El viernes, en el marco de las actividades por el Ni Una Menos, hicieron una intervención con zapatos rojos en la escalinatas de la Corte, como símbolo de las mujeres y niñas víctimas de la violencia; y seleccionaron fallos que daban cuenta no sólo de la falta de perspectiva de género, sino de la mirada misógina con la que se dicta sentencia y con la que se reproducen estereotipos graves que provocan violencia de género.

“La colectiva se formó a finales de 2019. Al principio éramos funcionarias y empleadas del fuero penal La Plata que nos empezamos a juntar y a contarnos nuestras experiencias. Nos reconocíamos feministas en un momento donde todavía esa era una mala palabra dentro del fuero y del Poder Judicial”, contó a El Teclado María Elena Bouchoux.

El espacio ha elevado petitorios a la Suprema Corte de Justicia y a la Procuración en los que se plantea la creación de un protocolo de actuación para los casos de violencia de género laboral en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, la creación de un área especializada en género que se ocupe, entre otras cuestiones, de abordar la problemática, tal como existe en otras provincias, y un lugar en la Comisión de Género e Igualdad de la Suprema Corte de Justicia.

Los pedidos fueron acompañados de un detallado análisis de dos trabajos de investigación que realizaron y que visibilizan la violencia de género en el Poder Judicial. 

“El 95% de las encuestadas dijo que habían sufrido violencia dentro del Poder Judicial”, señaló.

La falta de una herramienta que atienda la cuestión deja a las mujeres judiciales violentadas desamparadas. Un trabajo de recolección de testimonios dio cuenta que la única respuesta que tuvieron aquellas que expusieron su situación fue la revictimización por parte de la oficina de personal y la opción de buscarse otro lugar para trabajar.

“Venimos demandándole a la Corte que cree este organismo, que alguien se siente a pensar de verdad cómo transformar el Poder Judicial de cara a la sociedad, de tener respuestas efectivas”, sostuvo la activista feminista.

En ese sentido, agregó: “Que sea un problema social de muy difícil solución no quiere decir que no haya un montón de cosas para mejorar, y una de esas es cómo funciona dentro de esa estructura patriarcal jerárquica con las mujeres trabajadoras”.

El Poder Judicial, como todos los organismos del Estado, debió capacitarse de forma obligatoria en género, tal como lo determina la Ley Micaela. Sin embargo, Bouchoux indicó que no existe “un relevamiento y un seguimiento de esa formación”.

“El Instituto de Estudios Judiciales, que es un organismo de formación de la Corte que funciona muy bien, así como te da un curso de Embargos y Ejecuciones te da un curso de ley Micaela y esa no es la idea”, planteó.

La integrante de la Colectiva, además, se refirió a los fallos misóginos y a la necesidad de que estos sean difundidos para tener una dimensión real de la actuación de los encargados de dictar sentencia y en ese sentido, indicó: “Del lenguaje mismo que utilizan los magistrados surge el desprecio hacia las mujeres, la justificación de esa violencia a las mujeres que no cumplen el rol estereotipado que la sociedad demanda”.

“Generalmente los mismos magistrados que son violentos con sus empleadas son los que fallan vergonzantemente. No es que son dos problemáticas separadas. El Poder Judicial no es una estructura vacía, está compuesto por personas que están formadas de cierta manera, que tienen prejuicios, que tienen una ideología determinada y eso es lo que hay transformar”, dijo.

En esa línea, también se refirió al planteo que busca incorporar más mujeres al Poder Judicial. Bouchoux destacó que la cuestión no se resuelve sumando más mujeres porque, indicó, en proporción son mayoría; sino que éstas deben estar formadas en género y derechos humanos. “Muchas de las que llegan no defienden los valores de feminismo, sino que reproducen las prácticas machistas”, indicó.

La Colectiva de Trabajadoras Judiciales tiene perfil en Instagram y Facebook. En ambos espacios se pueden visibilizar sus actividades y las intervenciones que vienen realizando para erradicar las desigualdades y los hábitos misóginos dentro y fuera del sistema judicial. [El Teclado]