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EL TECLADO | Opinión  Viernes 21 de Enero del 2022 - 07:30 hs.                1792
  Opinión   21.01.2022 - 07:30   
EDITORIAL
La Justicia y el poder político
"...Hasta la propia Cristina y sus hijos fueron llamativamente sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces antes del juicio oral. Cuestión que está en manos de la Corte en estos momentos...", dice el titular de Libres del Sur, Humberto Tumini, en su columna de opinión
La Justicia y el poder político

*Por Humberto Tumini


La ley es tela de araña,
y en mi ignorancia lo explico,
no la tema el hombre rico,
no la tema el que mande,
pues la rompe el bicho grande,
y solo enrieda a los chicos.

Es la ley como la lluvia,
nunca puede ser pareja,
el que la aguanta se queja,
mas el asunto es sencillo,
la ley es como el cuchillo,
no ofende a quién lo maneja.


                         Martín Fierro, José Hernández


El kirchnerismo ha convocado una marcha contra la Corte Suprema de Justicia para el 1º de febrero, con apoyo mas bien abierto del gobierno nacional, ya que uno de los que encabezan la ofensiva contra dicho tribunal, de un tiempo a esta parte, es el propio Presidente de la nación; que ha dicho que esta Corte “no funciona” y peor aún, que está “degradada”.

 ¿Qué cuestionan de los supremos? Que sacan fallos adversos al gobierno, como el de la inconstitucionalidad actual del Consejo de la Magistratura. Como así también, sobre todo, que no resuelven las presentaciones de la vice presidenta, destinadas en general a ver cómo demora o entorpece las causas que tiene abiertas. Dijo al respecto Alberto, por ejemplo, que “La Corte Suprema jamás trató una queja de las 14 que Cristina presentó”.

Es más que evidente que las presiones que ha incrementado el gobierno sobre el máximo tribunal, luego del fracaso del proyecto de ley de reforma judicial presentado el 2020, apuntan a condicionar a aquel, en especial respecto de la situación de Cristina.

Al mismo tiempo la oposición de Juntos por el Cambio, indirectamente en este caso, llama a otra marcha dos días después de la oficialista. Convocada por “profesionales y profesores de derecho” en defensa de la Corte, argumentando que “se busca remover a sus miembros inconstitucionalmente y afectar su independencia”.


Como se puede ver, ahí tenemos otro de los ámbitos donde funciona a full la interesada grieta. Gustan presentarse ambos sectores en él como republicanos de la primera hora, y denostar a sus adversarios como gente que busca una justicia adicta para usarla como ariete en la confrontación mutua.

Por supuesto que los dos contendientes tienen una parte de razón en las acusaciones que hacen, ya que, acorde a lo que muestra la experiencia, en esto suelen tener las mismas mañas. Basta para observarlo, con analizar sus conductas en el pasado reciente.

Macri, por ejemplo, cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hizo lo posible y lo imposible para ocupar un lugar vacante en el Superior Tribunal de Justicia porteño con una fiscal derechista, Daniela Ugolini, afín a sus ideas.  Con la que, si lograba ubicarla, obtendría mayoría propia allí, sin importarle en absoluto los fuertísimos cuestionamientos, de todo tipo, que tenía su candidata y por lo que no superó el veto. Luego, ya presidente, buscó nombrar a dos nuevos miembros de la Corte que le garantizaban cierta supremacía en ella, directamente por decreto, violentado todos los procedimientos establecidos en la ley.

Más tarde, ya en el transcurso de su gobierno nacional, procedió sistemáticamente a buscar en la justicia, con fiscales y jueces afines, impunidad para los delitos cometidos tanto por él como por sus funcionarios. Algo que ya había logrado junto a su padre, por el contrabando de autos desde Uruguay, con la Corte menemista.

Entre diciembre del 2015 y hasta el fin de su mandato logró que los tribunales lo absolvieran de la causa de las escuchas ilegales cuando era Jefe de Gobierno de la CABA, del lavado de dinero a través de los Panamá Papers, de los oscuros negocios con Qatar y del enriquecimiento ilícito.

También tuvieron el beneficio de la impunidad otros altos funcionarios de su gobierno: Nicolás Caputo zafó por inconsistencias en sus declaraciones juradas, Gabriela Michetti por lavado de activos de la fundación SUMA, Mario Quintana por tráfico de influencias en la colocación de bonos del Estado, Gustavo Arribas, jefe de la AFI, por sobornos de Odebrecht y Luís Caputo, ex presidente del BCRA, por compra de dólares a futuro a través de un Fondo de Inversión.

Como es fácil de observar, aquello de que la ley es como el cuchillo, que decía José Hernández hace 150 años, se cumplía al pie de la letra durante el gobierno de Cambiemos.

Por cierto, además y por las dudas que no se disciplinara lo suficiente la Corte Suprema, la tenían a Carrió disparando munición gruesa sobre Lorenzetti, para ver si lo podía hacer renunciar. En el 2017 lo trató de mafioso y pidió el juicio político para él. “Por mal desempeño, violación de los deberes éticos y la probable comisión de delitos, no cumple con las condiciones de decoro y morales que exige la investidura del cargo que ejerce", sostenía la señora.

A continuación, vino el actual gobierno de Alberto Fernández, el mismo que, como decimos mas arriba, viene lanzando ofensiva tras ofensiva al poder judicial. Primero, con el proyecto de reforma para ver si podía modificar la estructura de los tribunales federales de Comodoro Py, el ámbito donde se sustancian los juicios que tienen que ver con los gobiernos nacionales y en particular con las denuncias de corrupción en los mismos. Ahora, además, contra la Corte Suprema.

Conocen del tema puesto que con anterioridad estuvieron 12 años en el gobierno, con jueces muy amigos suyos, como Oyarbide y Canicoba Corral, entre otros. También modificaron en su favor la composición del Consejo de la Magistratura, o sea del ámbito donde se ponen o sacan los jueces federales. Además, por nombrar a una militante propia en el ministerio público fiscal: Gils Carbó (algo parecido a lo que hizo Macri luego con Eduardo Casal, actual Procurador).

Desde hace dos años se dedican empeñosamente en resolverles la situación judicial a los funcionarios de sus anteriores gestiones acusados de corrupción. En particular a la vice presidenta, con infinidad de causas abiertas como se sabe. Algunas que podemos encuadrar visiblemente en las denuncias de lawfare macrista, como las del Memorándum con Irán o la del Dólar Futuro. Otras muchas, no demasiado, por cierto

Como decimos, el trabajo para aliviar la situación judicial de los ex funcionarios K ha sido intenso y creativo. Con bastantes resultados también. Julio De Vido, Amado Boudou, Lázaro Báez, Roberto Baratta, Cristobal López y su socio De Souza, Carlos Zannini, Ricardo Echegaray, Nuñez Carmona y hasta José López, el de los bolsos, entre otros, se han visto beneficiados por dicha labor. Solo faltan, por ahora, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Hasta la propia Cristina y sus hijos fueron llamativamente sobreseídos en las causas Hotesur y Los Sauces antes del juicio oral. Cuestión que está en manos de la Corte en estos momentos.

Difícil entonces no ver ahora, también con este gobierno, cumplido aquello que nos decía el inmortal Martín Fierro respecto de la justicia: que no ofende demasiado al que la maneja.

En resumidas cuentas y para ir cerrando esta larga editorial, la puja entre los opositores de Juntos por el Cambio y el gobierno del oficialista Frente de Todos, alrededor de la justicia, nada tiene que ver con mejorarla.  Algo que, por cierto, urge y elevaría la calidad de nuestra democracia y de la república.

No se enfrentan por querer una justicia independiente del poder de turno. Ni siquiera por una más rápida, transparente y menos clasista de la que tenemos, en beneficio del ciudadano común, como diría Gargarella.

Es esencialmente una puja de poder. Entre dos sectores políticos que han gobernado la nación de hace lustros a esta parte y que usan, en este plano al menos, los mismos manejos para beneficiarse. Lo demás es chamuyo para la tribuna.


*Presidente de Libres del Sur


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