Por Francisco "Paco" Durañona.- Hasta ayer teníamos una importante deuda para garantizar el acceso a la justicia para aquellas familias que perdieron un ser querido, que sufrieron un hecho delictivo, que quedaron dañados, heridos, golpeados, ultrajados y maltratados. Con mucho trabajo, desde la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, junto a organizaciones y referentes, recuperamos sus valiosos aportes y logramos trazar un horizonte común, así como los consensos necesarios para forjar una norma fundamental: la Ley de Víctimas.

Con el acompañamiento de ambas cámaras, ayer obtuvimos la sanción definitiva de esta iniciativa que incluyó todos los avances derivados del nutrido debate con más de treinta asociaciones de familiares, entre las que estuvieron el Consejo Provincial de Víctimas, Madres del Dolor y Víctimas por la Paz. Además, participaron especialistas, funcionarios judiciales y del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo bonaerense y legisladores de ambos bloques políticos. Así, cumplimos con nuestro deber de escuchar para legislar, de consensuar para construir, de idear más y mejores herramientas para el buen vivir de nuestra comunidad. Celebramos haberlo logrado con un tema tan sensible como urgente.

En definitiva, esta ley busca garantizar el acompañamiento a las familias en el ejercicio de sus derechos a partir del fortalecimiento del patrocinio jurídico gratuito. Este es un elemento central para allanar el camino hacia la equidad económica y social que se garantiza con otra novedad: la conformación de un registro de abogados defensores con capacitación en el tema. También, promueve el efectivo acceso a la información sobre las decisiones judiciales, entendiendo la relevancia que reviste el conocimiento del curso del caso. Además, entre las incorporaciones de la iniciativa, se estableció un marco especial de contención a las infancias que reconoce los derechos de las niñas y los niños a la hora de pasar por un proceso judicial.  

Asimismo, se crea el Consejo en el que los propios familiares atenderán, orientarán y contendrán a las víctimas de delitos o familiares, incorporando su propia perspectiva que, ahora más que nunca, estará acompañada y respaldada por un Estado presente. Este punto resulta fundamental porque institucionaliza un ámbito que ya existe y que ha demostrado ser trascendental para asegurar el ejercicio de los derechos. Su consagración busca que cada bonaerense víctima de un delito penal tenga un buen tránsito por la justicia y para ello se comprometen los recursos necesarios desde el Estado provincial. A su vez, esta tarea se complementa con la organización del Observatorio Provincial de Víctimas del delito a cargo del Poder Legislativo, que realizará un monitoreo, seguimiento y análisis de las cuestiones referidas al tema y estará integrado por asociaciones, familiares y representantes profesionales que trabajarán de manera ad honorem.  

Estos avances, como tantos otros fundados en la construcción de acuerdos, ubican a nuestra provincia como la segunda jurisdicción que busca adaptar y adecuar su legislación para mejorar la calidad de la justicia, generando el espacio y el rol que les corresponde a las víctimas. En este camino, resulta evidente que necesitamos trabajar en una reforma profunda del Código Procesal Penal y en una ampliación de la justicia para su irrestricta garantía. Con la convicción de que ese es el camino, este año hemos dado un gran paso en ese sentido y debemos estar contentos de haber estado cerca de quienes exigían un mejoramiento de las leyes, estando a la altura de las circunstancias.

Ahora bien, estos avances imponen el desafío de seguir promoviendo más y mejores estrategias que hagan efectivo el acceso a la justicia y el amparo en cada uno de los 135 Municipios de la Provincia de Buenos Aires. La tarea no estará completa mientras haya bonaerenses que deban trasladarse cientos de kilómetros para tener una respuesta del Estado. Y en la salida a la pandemia, velar porque cada bonaerense pueda tener asegurados todos sus derechos en cada rincón de nuestro territorio será una responsabilidad, un elemento central para seguir cuidándonos entre todos. En la etapa que viene, esta agenda de arraigo se vuelve ineludible para organizar territorios sostenibles y saludables, con condiciones de vida dignas y justas. Para ello se requiere que los gobiernos locales, por ser el primer mostrador para los vecinos y las vecinas, por conocer de primera mano sus necesidades y demandas, tengan un rol protagónico.  

Con gratitud cerramos un año muy difícil con la certeza de haber abierto las puertas de la Legislatura para darle lugar a la participación ciudadana y reparar entre todos y todas una deuda pendiente. Hemos visto cómo se ha motorizado un cambio imprescindible para que la justicia esté más cerca de nuestra comunidad.

Francisco “Paco” Durañona

Senador de la Provincia de Buenos Aires – Bloque Frente de Todos